La Dirección General de Migración activó una alerta migratoria contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo; su hermana, Ana Gabriela Saucedo, y una tercera persona identificada como Paola Canido, por requerimiento del Ministerio Público.
El responsable de Migración, Daniel Prieto, informó que la institución recibió la disposición fiscal el pasado 6 de noviembre y procedió a registrar la alerta contra las tres personas.
La medida establece que, si alguno de los involucrados es identificado en un puesto de control migratorio, ya sea terrestre o aéreo, los funcionarios deberán comunicar inmediatamente su presencia a las autoridades correspondientes.
Saucedo habría salido por un paso no autorizado
Prieto explicó que el último movimiento migratorio registrado de Romer Saucedo corresponde a su ingreso a Bolivia desde España, a finales de octubre.

“Posterior a eso, no tenemos registro de ningún movimiento migratorio, es decir, si es que hubiese salido del país, ha sido por un punto no autorizado”, señaló.
El expresidente del TSJ había manifestado que se encontraba fuera de Bolivia y calificó su situación como un “exilio”, alegando que su libertad estaba en riesgo por una presunta persecución en su contra.
Saucedo tiene una orden de aprehensión dentro del denominado caso maletas, que investiga una presunta estructura criminal vinculada al narcotráfico y al ingreso irregular de equipajes con marihuana a través del aeropuerto internacional de Viru Viru.
Su hermana, Ana Gabriela Saucedo, también enfrenta una orden de aprehensión y es investigada en otro proceso por presuntos hechos de corrupción relacionados con un supuesto cobro de Bs 1 millón para favorecer a una de las partes en un proceso judicial.
La tercera persona incluida en la alerta migratoria es Paola Canido, cuya situación también quedó bajo seguimiento de las autoridades.
La activación de estas alertas representa un nuevo movimiento dentro de las investigaciones del caso maletas, que han puesto bajo la lupa a exautoridades judiciales y fiscales por sus presuntos vínculos con redes de narcotráfico y protección institucional.
Ahoradigital con información de Unitel.





