Los casos de violaciones grupales a mujeres no cesan de salir a palestra pública y las víctimas parecen tener una luz de esperanza de que se haga justicia, pese a que varios de los casos se denuncian y se investigan meses y hasta años después de haberse perpetrado.
Ayer, se dio a conocer otro caso de violación grupal en Montero, en el cual la víctima, que tenía 14 años cuando ocurrió el vejamen, fue abusada por al menos seis sujetos, que la drogaron y resultó embarazada. La menor dio a luz hace una semana y calló los abusos debido a que era amenazada de muerte por sus agresores.
Asimismo, otro caso que esta semana encendió las alarmas en las cárceles, fue el de una extranjera recluida en Rurrenabaque (Beni) que denunció haber sido violada el año pasado por policías. Pese a las amenazas que recibió la víctima según indicó la Defensoría del Pueblo, las investigaciones avanzan y ya se indicó que hay ocho agentes involucrados en los vejámenes.
Violación grupal en Montero
En mayo de 2018, en el barrio Rincón del Tigre de Montero, una adolescente de 14 años fue llevada por su novio, mayor de edad, a su casa. Allí la indujo a consumir bebidas alcohólicas y drogas, para luego abusar de ella.
Hace una semana la menor, que ahora tiene 15 años, dio a luz. Su padre acudió a la casa del novio para instarlo a reconocer al bebé, pero este se negó, por lo que el progenitor de la adolescente fue, la noche del lunes, a denunciarlo por estupro en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Montero.
Lo que los investigadores comenzaron a indagar como un caso de supuesto estupro, puesto que el novio de la afectada es mayor de edad, terminó revelando un nuevo caso de violación grupal, el tercero que se da en la provincia Obispo Santistevan desde la gestión 2018.
El novio de la muchacha, identificado como José, fue arrestado fuera del domicilio donde se suscitó el hecho y en el interrogatorio terminó confesando que no solo él mantuvo relaciones con la chica, sino que fue ultrajada por turnos por su hermano Sebastián (17) y sus amigos ‘Kevin’, ‘Willy’, ‘Borda’ y ‘Gufi’, este último, además, es sindicado de haber filmado los abusos.
El director de la Felcv, Cristian Sanjinés, señaló que José quedó aprehendido, mientras que su hermano, Sebastián, al ser menor de edad, quedó bajo custodia policial, mientras que los otros cuatro implicados en los ultrajes están siendo buscados.
Según los resultados de las primeras indagaciones del caso, ambos hermanos reconocieron haber participado en la violación.
Mientras tanto, la fiscal Silvia Saavedra, señaló que la menor había callado el ultraje debido a que los autores de los abusos la habían amenazado con matarla a ella y a su familia si los denunciaba, un recurso de amedrentamiento común en casos de abusos a menores de edad.
Felcv denuncia presiones
El director de la Felcv señaló que la noche del lunes, “personas del Gobierno Municipal de Montero” (evitó precisar nombres y cargos), intentaron influir en las investigaciones y salir en defensa de los hermanos denunciados alegando abusos contra ellos.
“No puede ser que autoridades vengan a intimidar nuestro trabajo; hemos mandado nuestros informes al comando regional, a la Felcv departamental y a la nacional”, dijo Sanjinés.
Se conoció que la persona que se presentó como ‘asesor’ de la Alcaldía, cuestionó la aprehensión de los dos hermanos indicando que la comuna dota de equipamiento a esta unidad policial.
Al respecto, el alcalde Mario Baptista, señaló que ningún funcionario puede usar su cargo para buscar beneficios o favores particulares, por lo que ordenará que se indague quién es esa persona y si usó el nombre institucional para una representación particular.
“Nuestra función en estos casos es totalmente preventiva, nadie tiene por qué influir las investigaciones policiales”, dijo el burgomaestre, quien afirmó que las personas deben pagar por sus delitos, así fuesen familiares del propio alcalde.
Rurrenabaque
El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), William Cordero, indicó que las investigaciones involucran por lo menos a ocho policías. “Según los informes preliminares, unos estaban a cargo de la cárcel y otros trabajaban externamente en seguridad física; las investigaciones van a arrojar el grado de participación”, señaló.
La autoridad policial, detalló que la víctima ha reconocido plenamente a algunos de sus agresores en un desfile identificativo.
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Al respecto, la presidenta de la Coordinadora de la Mujer en Beni, Ingrid Zabala, indicó que si es preciso tomarán las calles y algunas instituciones, para exigir garantías para las mujeres.
De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, la ciudadana brasileña que denunció a los policías por una presunta violación sufre amenazas. “A través de la conversación con la víctima, se observó que enfrenta una gran afectación emocional y mucho miedo por las amenazas que habría recibido”, informó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz Tarifa.
Esa instancia abrió de oficio una investigación e inició acciones para resguardar su integridad y verificar la vulneración de sus derechos.
La víctima no cuenta con documentos de identidad, por lo que se gestionará ante el consulado de Brasil que se le posibilite dichos documentos; asimismo, dijo Cruz, se pedirá informes sobre el proceso judicial que se le inició para verificar si hay posibles afectaciones al debido proceso.
La semana pasada, el senador de Unidad Demócrata (UD), Yerko Núñez, denunció que una joven de 21 años, de nacionalidad brasileña, era víctima de abusos por parte de los uniformados.
COMISIÓN VISITÓ LA CARCELETA DE REYES, EN BENI, RECABANDO INFORMACIÓN SOBRE LA DENUNCIA DE VIOLACIÓN A RECLUSAS
Una comisión del Servicio para la Prevención de la Tortura, del Ministerio de Justicia, visitó el municipio de Reyes, en el departamento de Beni, a raíz de testimonios publicados por la agencia de noticias ANF, donde dos mujeres que estuvieron presas en la carceleta de esa comuna, entre 2015 y 2018, denuncian abusos sexuales por parte de policías.
Se conoció que la comisión realizó ayer entrevistas reservadas con las privadas de libertad. El mayor Agapito Torrez, quien recientemente está a cargo de la Policía de esa localidad, descartó que los supuestos abusos se hayan cometido en los meses que él está al mando de la unidad y dijo que no podía dar fe de lo ocurrido en gestiones anteriores.
A su vez, el ministro de Justicia, Héctor Arce, informó que el Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales se sumará a las tareas de investigación y que conversó con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, para profundizar las denuncias que hay en las carceletas del área rural de Beni.
El comandante nacional de la Policía, Rómulo Delgado, anunció que se actuará con rigor contra los policías implicados en corrupción, en violencia contra la mujer y en el crimen organizado. Advirtió que, de comprobarse las denuncias, se impulsarán procesos penales contra los responsables.
El Deber
