En los anteriores siete meses se registraron al menos tres quemas de puestos aduaneros en diferentes lugares del país, turbas de grupos de contrabandistas que defienden su mercadería ilegal y que para ello usan un nuevo “modos operandi”, que es la «dramatización» o pasar la voz a los lugareños de que hay un muerto, además de que hasta secuestraron a un fiscal.
El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, (IBCE), Gary Rodríguez, afirmó este lunes que si de deja proliferar este tipo de agresiones, en el territorio boliviano se impondrá la “ley del más fuerte”.
“Hay que lamentar esta situación que se registró la pasada semana en Orinoca como una afrenta a la institucionalidad y a las leyes. No es la primera vez que esto sucede, ya que en 2021 hubo agresiones que tienen que ver con la ilegalidad y el contrabando, hubo quemas de depósitos aduaneros y fuertes enfrentamientos y ahora secuestro de fiscales”, explicó Rodríguez en entrevista con Unitel.
Agregó que todo lo que tiene que ver con la frontera con Chile, lamentablemente, está infestado de contrabando y las agresiones no sólo ocurren en las fronteras sino en todo el territorio, cuando se intenta secuestrar mercadería ilegal que afecta a la economía boliviana.
En 2021, la Aduana Nacional identificó al menos cinco clanes de contrabandistas que operan en el país y que desde agosto a la fecha, se atacó al menos tres puestos aduaneros, de donde se sustrajo mercadería, robaron documentación y quemaron instalaciones, lo que causó millonarias pérdidas.
Los hechos
El 9 de agosto de 2021, una turba liderada por una activista irrumpió en los depósitos de la Aduana en Puerto Quijarro, en Santa Cruz, donde se logró sustraer 3,5 toneladas de mercadería de contrabando.
El 31 de agosto de ese mismo año, el decomiso de harina de contrabando y tripa seca en la localidad de Yacuses, distante a 90 kilómetros de Puerto Suárez, en la provincia cruceña Germán Busch, terminó en la quema del puesto aduanero de esa localidad.
En septiembre, un grupo de unas 80 personas perpetró un ataque violento e incendió el Puesto de Inspección Aduanera en Villazón, en el sur de Potosí, dejando daños materiales en esas instalaciones y también del Ejército.
Luego, en noviembre, un suboficial del Ejército murió por el impacto de una bala durante una emboscada a contrabandistas en la ciudad de El Alto, lugar donde estaba la caravana del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando.
Se habían trasladado ahí luego de hacer un operativo en la población de Patacamaya, en La Paz, donde se secuestró cuatro fardos con ropa usada y 20 cajas de bebidas alcohólicas. Es uno de los muchos casos registrados por enfrentamiento con grupos organizados y que ahora no tienen temor de atacar a las fuerzas del orden dentro de las ciudades capitales del país.
La anterior semana, en la población de Orinoca, Oruro, contrabandistas y lugareños no permitieron el secuestro de siete camiones con mercadería de contrabando, porque usaron la estrategia de pasar la voz sobre la presunta muerte de un joven, con el único fin de desatar la furia de los pobladores.
Al respecto, el fiscal de Aduana, Williams Paredes, denunció anoche que fue secuestrado por unos minutos por los pobladores de Orinoca, pero luego fue rescatado por miembros del Control Operativo Estratégico (COE).
Agregó que con el fin de que no se realice el operativo de incautación, los pobladores de Orinoca hicieron correr la voz de un supuesto fallecido con el fin de «dramatizar y teatralizar» la situación para que se expulse a los uniformados de la zona.
Página Siete
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