Un informe pericial sobre el proceso de contratación de 93.000 mochilas y material escolar para la gestión 2018, concluye que el alcalde José María Leyes ajustó sus actos a lo establecido en la normativa. Su abogado, Alberto Trigo, pedirá que sea sobreseído.
Ever Veizaga, representante del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, explicó, contrariamente, que el informe establece 14 irregularidades en la licitación y adjudicación de los morrales.
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El dictamen pericial, emitido en enero de este año por tres expertos del Instituto de Investigación Forense (IDIF), en una de sus conclusiones, establece que “las actividades y los actos realizados por el alcalde, en calidad de MAE en el proceso de contratación, se ajustaron a lo establecido en el Art. 32 del D. S. 181.
Sin embargo, la MAE de cada entidad pública es responsable de todos los procesos contratación desde su inicio hasta su conclusión”.
El texto, “aclara el caso. El alcalde no es autor ni ha incurrido en ninguno de los delitos por los que fue imputado”, aseguró Trigo, quien sostuvo que “corresponde ahora, emitir una resolución de sobreseimiento, que se dé celeridad a este caso y la inmediata libertad. El alcalde ya debe estar reunido con su familia”, dijo.
Veizaga, por su parte, aclaró que el informe pericial tiene 14 conclusiones e indica que la compra de mochilas “no podía ser recurrente, existe incumplimiento en el plazo de la entrega, no se conforma la comisión de recepción, no hay acta de recepción y no se verificaron los productos”.
“Las mochilas no ingresaron a almacenes, las mochilas se entregaron irregularmente, la entrega no estaba conforme a normativa, la resolución de contrato no está justificada, se incumplió el contrato, la MAE de cada entidad, es responsable de todos los procesos de contratación, el proceso incumplió la normativa, la descalificación de las otras empresas no es justificada y la MAE tiene facultad de cancelar todo el proceso”.
La denuncia en contra de Leyes, fue presentada el 3 abril de 2018 por un presunto sobreprecio de Bs 11 millones en la compra de mochilas y material escolar para la gestión 2018. Los 93.000 morrales, tenían un costo de Bs 12,4 millones y la adquisición hecha por la Asociación 26 de Febrero, en China, le costó Bs 1,4 millones.
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Se detectó la compra direccionada, ya que el documento base de contratación se hizo en base al producto, hubo compra anticipada de los empresarios que se adjudicaron la licitación, no se hizo un acta de recepción y las mochilas no ingresaron a almacenes, recordó Veizaga.
César Cabrera, expresidente del Colegio de Abogados, explicó que el informe pericial podría servir para evitar un proceso administrativo a leyes, pero no penal. “En lo administrativo, puede que haya cumplido todos los pasos y procedimientos del proceso de contratación, pero en el caso del proceso penal, éste no cuestiona el procedimiento, sino el sobreprecio”.
Hay responsabilidad penal, agregó al desestimar la posibilidad del sobreseimiento.
En julio próximo, se prevé el inicio de juicio oral contra el alcalde suspendido, quien desde abril de 2018, está privado de libertad, primero con la detención domiciliaria y luego, desde noviembre, con la detención preventiva en la cárcel de San Antonio por los casos mochilas 1 y 2.
El miércoles, Leyes pidió al Ministerio Público ampliar sus declaraciones. Durante la etapa preparatoria del juicio, se abstuvo de declarar y ahora, se prevé que haga uso del informe del IDIF para deslindar responsabilidad. Trigo dijo ayer que aún no les dieron fecha para este acto procesal.
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La Razón
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