En un nuevo operativo contra la comercialización ilegal de combustibles, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en coordinación con la Policía Boliviana, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el Ministerio de Defensa, decomisó más de 50 garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y alrededor de 800 litros de combustibles líquidos que eran comercializados de manera irregular en tiendas de la urbanización Nueva Tilata, sobre la carretera a Viacha, en la ciudad de El Alto.
La intervención forma parte de la estrategia gubernamental para reforzar los controles sobre el desvío de combustibles subsidiados hacia el mercado informal, una práctica que, según las autoridades, contribuye al desabastecimiento y a la especulación.
El profesional de Operaciones de la ANH, Rony Sanguino, informó que los operativos se están intensificando en todo el país por instrucción del Ministerio de Hidrocarburos.
El Alto
«Se están intensificando a nivel nacional los operativos para identificar puntos de acopio y de reventa, tanto de combustibles líquidos como de GLP», señaló.
Durante la inspección, las autoridades verificaron que el establecimiento ofrecía gasolina, diésel y garrafas de GLP sin contar con autorización legal para esa actividad.
Sanguino recordó que la venta de combustibles líquidos únicamente puede ser realizada por estaciones de servicio autorizadas, mientras que la comercialización de GLP corresponde exclusivamente a distribuidores habilitados.
«Toda la venta de combustibles líquidos tiene que hacerse por empresas autorizadas. En el caso del GLP, de igual manera, es ilegal la comercialización fuera de las plantas de distribución», afirmó.
Combustible volverá al circuito legal
La ANH informó que todo el combustible que se comisó se entregará a YPFB para que la estatal verifique su calidad y, de cumplir las condiciones técnicas, se reincorpore al circuito formal de distribución.
Asimismo, la entidad exhortó a la población a denunciar la venta ilegal de combustibles a través de la línea gratuita 800-10-6006, con el fin de fortalecer los controles contra el mercado negro.
Investigación por presunta especulación
Por su parte, el comandante regional de la Policía de El Alto, coronel Fernando Rojas, indicó que las investigaciones continuarán para establecer responsabilidades y determinar la situación jurídica de las personas involucradas.
La autoridad adelantó que existen personas arrestadas y que no se descartan aprehensiones. Ya que deberán justificar la tenencia de grandes volúmenes de combustibles y de numerosos bidones y tambores utilizados presuntamente para el almacenamiento y la reventa.
«Hay una afectación clara al Estado. Estas personas se están beneficiando de la reventa de productos a precios distintos a los establecidos por el Gobierno», sostuvo.
Rojas agregó que el almacenamiento ilegal de combustibles es uno de los factores que contribuye a la persistencia de filas en estaciones de servicio y centros de distribución de GLP.
Impacto económico
La reventa ilegal de combustibles representa un perjuicio para el Estado. Ya que desvía productos que reciben un importante subsidio público hacia circuitos informales donde los comercializan a precios superiores a los oficiales. Además de afectar el abastecimiento para consumidores y sectores productivos. Esta práctica incrementa los costos logísticos y alimenta la especulación en un contexto de alta demanda de diésel, gasolina y GLP.
Las autoridades anunciaron que los operativos se extenderán a otros puntos del país como parte de la estrategia. Para garantizar el abastecimiento y combatir el mercado ilegal de combustibles.
La Razón
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