Ahoradigital – El caso de la denominada “gasolina basura” entra en una nueva etapa. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados identificó a 54 personas como presuntos responsables y el pleno aprobó por unanimidad el informe final, que será remitido al Ministerio Público, la Contraloría General del Estado y el Órgano Ejecutivo.
Entre las personas incluidas en el informe figuran el expresidente de YPFB Armin Dorgathen, el también exejecutivo de la estatal Yussef Akly y la exdirectora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala, según informó la presidenta de la comisión investigadora, Ximena Arispe.
Arispe explicó que las personas identificadas deberán ser consideradas presuntos responsables, convocadas a declarar y sometidas a las investigaciones correspondientes. La legisladora advirtió además que la lista podría ampliarse conforme avancen las pesquisas y se determinen posibles responsabilidades en toda la cadena de custodia, almacenaje y comercialización del combustible.
Uno de los principales hallazgos de la investigación apunta a modificaciones normativas que, según la comisión, redujeron los mecanismos de control sobre la calidad de los carburantes importados. El informe también cuestiona que se hubiera priorizado el abastecimiento por encima de controles técnicos suficientes para verificar la composición y estabilidad del combustible.
De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la comisión detectó observaciones a certificados técnicos y deficiencias en los controles de calidad. Análisis posteriores habrían identificado niveles de goma superiores a los permitidos en algunas muestras de combustible, un aspecto que formó parte de las denuncias por daños reportados por propietarios de vehículos.
Con la aprobación del informe por parte de la Cámara de Diputados, los antecedentes pasarán ahora a las instancias competentes para determinar si existen responsabilidades penales, administrativas u otras. La Fiscalía deberá establecer responsabilidades individuales dentro de la investigación, mientras que la Contraloría analizará los procedimientos y posibles irregularidades en el manejo del caso.
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