La extradición de Maximiliano Dávila, el último jefe antidroga de la era de Evo Morales en el poder, fue un trámite de “alta prioridad” para el gobierno de los Estados Unidos. De hecho, el mismo secretario de Estado, Antony J Blinken, fue quien firmó la solicitud de extradición.
El pedido llegó formalmente al Tribunal Supremo de Justicia (TDJ) el 1 de octubre y trascurrió menos de 90 días y el acusado llegó el viernes 13 de diciembre a Nueva York donde se formalizaron los cargos en contra de “Macho Dávila” (alias).
La Fiscalía destacó el operativo del DEA, la agencia antidroga de Estados Unidos, que permitió colectar las pruebas con las que el Jurado de Nueva York acusó al coronel boliviano.
La solicitud de extradición tramitada vía diplomática a través de la Cancillería llegó a través de la nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-4061/2024, de acuerdo con el expediente con el que se tramitó la extradición y que fue revisado por EL DEBER.
“Se aportaron certificaciones sobre la referida documentación suscritas por Antony J. Blinken, Secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América” se lee en el Auto Supremo de 337/2024 que dio luz verde a la extradición.
El documento señala que las firmas de las autoridades norteamericanas que viabilizaron el trámite fueron refrendadas por el cónsul de Bolivia en Washington D.C. Celso Herbas Cossío.
Advertencias
“Es el último ejemplo de nuestro trabajo con la División de Operaciones Especiales de la DEA para erradicar este tipo de corrupción alimentada por la cocaína en todo el mundo. Que este sea otro mensaje fuerte para aquellos que abusan de sus posiciones para enviar toneladas de cocaína a los Estados Unidos”, declaró el fiscal de Nueva York, Damian Williams tras ratificar la acusación.
La autoridad anticipó que su despacho tiene “memoria larga y alcance global” para enfrentar estos casos de narcotráfico que afectan a su país.
“Elogio el trabajo de los fiscales de carrera de esta Oficina, quienes han investigado y procesado estos casos junto con la División de Operaciones Especiales durante años y continuarán haciéndolo mientras sea necesario”, señaló.
La valoración se hizo a pesar de que la DEA no está presente en Bolivia desde 2009, cuando fue expulsada por decisión de Evo Morales cuando era presidente.
Anne Milgram, la administradora de la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA), advirtió este viernes que ninguna autoridad puede considerarse “intocable” al momento de valorar la investigación que ejecutó su oficina para demostrar, ante la justicia de su país, la culpabilidad de Maximiliano Dávila, el último jefe antidroga de la era de Evo Morales en el poder (2019).
“Maximiliano Dávila Pérez debía luchar contra el narcotráfico, pero en lugar de eso lo alimentó. Convertir a una fuerza antinarcóticos en una máquina de tráfico de cocaína es una traición inaceptable. Que esta extradición sirva de advertencia: ningún funcionario corrupto es intocable, y la DEA no descansará hasta llevar a los criminales ante la justicia, sin importar dónde se escondan”, declaró la funcionaria.
Cable filtrado
Un cable filtrado por Wikileaks dio cuenta que el gobierno de Evo Morales expulsó en 2008 a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) por «espiar a las novias del presidente”, de acuerdo a lo que había explicado a los funcionarios estadounidenses, Felipe Cáceres, que en ese entonces era viceministro de Defensa Social.
Un correo electrónico enviado entre Karen Hooper, LatAm AOR y Paulo Gregoire, revela las conversaciones sobre este tema bajo el rótulo “Bolivia expulsó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos por ‘espiar a las novias del presidente’», de acuerdo al documento publicado en la página de la organización.
Paulo Gregoire es el que redacta y envía el 8 de septiembre de 2011 el informe a Hooper sobre el cable filtrado por Wikileaks.
“Según se informa, Cáceres dijo a los funcionarios estadounidenses que la expulsión ‘tenía que ocurrir porque el presidente (Evo) Morales estaba ‘molesto porque la DEA lo está siguiendo, especialmente cuando visita a sus novias'», refiere una parte de su reporte.
EL DEBER
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