Los militares y civiles detenidos por el caso ‘Zuñigazo’ realizaron trámites en busca de su libertad, pues se cumplieron los seis meses de detención preventiva que había dispuesto la justicia para distintos casos y en distintos penales; pero la fiscalía logró que el juez amplíe el plazo de detención por otros tres meses.
“La fiscalía, sin cumplir los requisitos para una medida de estas características, solicitó la ampliación que el juez le concedió. En mi caso, de los siete defendidos que tengo a mi cargo, serán otros tres meses”, lamentó el abogado Eusebio Vera al explicar el caso.
El 26 de junio de 2024 un puñado de militares dirigidos por el general Juan José Zúñiga irrumpieron en plaza Murillo y tomaron el control de la plaza. Luego de tres horas fue destituido y reemplazado. El Gobierno dijo que se trató de un golpe de Estado; sin embargo, en el momento de ser aprehendido Zúñiga dijo que lo hizo por pedido del presidente, Luis Arce.
Las siguientes dos semanas posteriores al hecho se realizaron operativos de seguimiento y captura de todos los que hubieran participado en este caso que recibió el nombre de ‘Zuñigazo’, por el general implicado. En todos los casos recibieron seis meses de detención preventiva o domiciliaria.
“Tengo entendido que solo dos personas se beneficiaron con la detención domiciliaria, el resto fue detenido preventivamente”, recordó el abogado defensor.
Fueron 27 personas las acusadas, tres de las cuales están prófugas y fueron notificadas por edicto sobre el caso que les abrieron en Bolivia. Los detenidos fueron distribuidos entre el penal de El Abra, en Cochabamba; Chonchocoro, San Pedro y Patacamaya, en La Paz.
“La fiscalía alegó que es un caso complejo con multiplicidad de partícipes; sin embargo, para que se cumpla este requisito debe explicar dónde se encuentra la complejidad, la dificultad de las investigaciones y colección de pruebas, además debería explicar cuáles son los actos específicos que ha realizado y dónde estuvo la dificultad, nada de ello ha ocurrido en la audiencia”, protestó Vera.
EL DEBER
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