Ahoradigital – Bolivia suscribió una declaración conjunta con otros siete países de América Latina para fortalecer la cooperación regional en la lucha contra el crimen organizado transnacional, mediante el intercambio de información, la coordinación institucional y el combate a las fuentes de financiamiento de las redes delictivas.
El documento fue firmado por parlamentarios de Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, República Dominicana y Brasil, en el marco de la 153.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), que se desarrolla en Tanzania.
Por Bolivia, el asambleísta Sergio Bastián Giesse Rougcher suscribió la declaración, impulsada por la legisladora ecuatoriana Valentina Centeno.
El objetivo: cortar el dinero de las organizaciones criminales
Uno de los principales puntos del acuerdo es fortalecer los mecanismos para identificar, rastrear y congelar los recursos financieros provenientes de actividades ilícitas.
La declaración también plantea facilitar el intercambio de información entre policías, fiscalías y unidades de inteligencia financiera, con el propósito de mejorar la capacidad de los Estados para investigar las operaciones de las organizaciones criminales que actúan más allá de las fronteras nacionales.
Los firmantes consideran que el crimen organizado representa una amenaza para la seguridad ciudadana, la gobernabilidad democrática y el funcionamiento de las instituciones públicas.
Proponen armonizar las leyes y reforzar la cooperación
La iniciativa plantea que los países avancen en la armonización de sus legislaciones nacionales y en la aplicación de instrumentos internacionales como la Convención de Palermo, contra la delincuencia organizada transnacional, y la Convención de Mérida, contra la corrupción.
Asimismo, propone incorporar la lucha contra el crimen organizado en las prioridades de la iniciativa de reforma de las Naciones Unidas conocida como ONU80.
El documento contempla asistencia técnica y cooperación operativa para los Estados que la soliciten, bajo el respeto a la soberanía de cada país.
Las cifras que alertan sobre la violencia regional
La declaración advierte sobre la magnitud del problema en América Latina y el Caribe. Según las cifras citadas en el documento, la región registró al menos 108.838 homicidios durante 2025.
También señala que América Latina y el Caribe concentran cerca de un tercio de los homicidios del mundo, pese a representar aproximadamente el 8% de la población global.
En materia de narcotráfico, el texto menciona una producción de 4.100 toneladas de cocaína en 2024, más de cuatro veces la registrada en 2014. Además, advierte sobre el peso económico del crimen y el lavado de activos.
Un compromiso que deberá traducirse en acciones
La firma de la declaración establece una posición conjunta de los parlamentarios participantes frente a la expansión de las redes criminales y la necesidad de fortalecer la cooperación internacional.
Sin embargo, el documento constituye un pronunciamiento de cooperación y sus propuestas deberán traducirse en medidas concretas, coordinación entre instituciones y mecanismos efectivos de investigación para evaluar sus resultados.
Para Bolivia, el desafío será fortalecer sus capacidades de prevención e investigación y mejorar la cooperación con los países vecinos frente a delitos como el narcotráfico, el lavado de dinero, la corrupción y otras actividades criminales transnacionales.
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