La Fiscalía Especializada Anticorrupción de Bolivia presentó el 5 de marzo de 2026 la acusación formal contra el alcalde de Guanay, Víctor Yujra Ticona (MAS), por el delito de conducta antieconómica, tras establecer la entrega irregular de fondos en avance a personas particulares y dirigentes sociales, además de anticipos económicos observados en la administración municipal, hechos que habrían provocado un daño al patrimonio del gobierno municipal. La denuncia fue impulsada por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.
El fiscal del caso, Walter Lora Uría, solicitó al juez anticorrupción fijar audiencia de juicio oral público y que, al concluir el proceso, se emita una sentencia condenatoria contra la autoridad municipal. Según la normativa penal vigente, el alcalde podría enfrentar una pena de tres a ocho años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El caso se originó tras observaciones presentadas por la Comisión Económica del Concejo Municipal durante una audiencia pública de rendición de cuentas realizada en abril de 2024, donde se denunciaron pagos irregulares mediante fondos de avance a particulares, lo que generó cuestionamientos sobre el manejo de recursos del municipio.
De acuerdo con la investigación fiscal, el alcalde habría incurrido en actos de mala administración y decisiones contrarias a las normas de control del sector público, provocando un daño económico al patrimonio municipal.
Entre los resultados de la investigación se menciona la entrega de fondos en avance a personas particulares, pese a que la normativa establece que estos recursos solo pueden otorgarse a servidores públicos autorizados y con obligación de rendir cuentas.
En ese contexto se identificó la emisión de un cheque por 10.000 bolivianos a Armin Avirari Masco, dirigente de la organización social PILCOL, y otro de 50.000 bolivianos a Francisco Capque Poma, representante del control social del sector Chacapa.
La Fiscalía también detectó anticipos de dinero a funcionarios municipales no autorizados, práctica que está prohibida por las normas contables del sector público. Entre los casos observados figura el registro de pagos por más de 343.000 bolivianos a favor de Edgar Lucio Bustillos Gutiérrez, quien habría sido registrado de manera irregular como contratista.
Según los informes técnicos citados en la acusación, se detectaron diferencias entre los registros del sistema y los movimientos bancarios, además de cheques que figuraban como anulados en el sistema pero que habrían sido cobrados, situación que ahora será evaluada en el juicio oral.
Victor Ticona fue elegido alcalde por la fórmula del MAS y actualmente es candidato a Asambleísta Departamental por Larecaja por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI).
Fuente: Erbol
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