El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), al que Brújula Digital accedió de manera extraoficial, concluye que en Sacaba se registró una masacre y ejecuciones sumarias.
«El GIEI evalúa que la reacción de los militares y de la Policía fue desproporcionada y condujo deliberadamente a la pérdida de vidas y a graves lesiones de los manifestantes. De acuerdo con la terminología adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las muertes de las víctimas de Sacaba constituyen ejecuciones sumarias y los hechos pueden ser descritos como una masacre» señala una parte del contenido que será publicado oficialmente hoy.
Además, el GIEI constató que varios manifestantes «fueron detenidos ilegalmente y sometidos a torturas o a tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de la policía».
En cuanto a la relación de hechos ocurridos durante la crisis política de noviembre de 2019, el grupo de expertos señala que la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico, el 12 de noviembre de 2019 a través de un comunicado convocó a una «movilización nacional en rechazo al golpe de Estado» y «la autoproclamación de la señora Añez» como presidenta, y a una marcha a Cochababamba para el jueves.
El 14 de noviembre, manifestantes del trópico se reunieron en Sacaba, realizaron una concentración y decidieron realizar la marcha al día siguiente. El 15 de noviembre, alrededor de cinco mil personas del trópico de Cochabamba iniciaron una marcha desde Sacaba con destino a la plaza 14 de Septiembre en Cochabamba.
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Aproximadamente a las 14:00, la columna avanzaba por la avenida VIllazón y fue detenida al llegar al puente Huayllani por un «bloqueo policial y militar».
«Quienes encabezaban la marcha y algunas mujeres del Chapare intentaron negociar con el Comandante Departamental de la Policía, que se encontraba presente en lugar para que los dejara continuar hacia Cochabamba. Días antes, el comandante de la Policía había informado que no permitiría el ingreso de los y las manifestantes a la ciudad. Las negociaciones resultaron infructuosas» señala el informe.
También refieres que «un avión caza sobrevoló la zona y la policía comenzó a lanzar gas lacrimógenos en contra de los pobladores y campesino del trópico».
Después del inicio de la gasificación, según el documento, efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea, que se encontraban detrás de la Policía, avanzaron y formaron una sola línea con los efectivos policiales.
«Dos helicópteros volaron sobre los manifestantes, que fueron dispersados. La mayoría de las personas huyeron en dirección contraria al puente y por calles aledañas. Sin que exisitera razón alguna que lo justificara, agentes del Estado dispararon en contra de manifestantes» señala el GIEI.
La investigación verificó que «las tropas de las Fuerzas Armadas se encontraban fuertemente armadas. Oficiales y alumnos del Ejército portaban fusiles SIG y FAL, además de armas de dotación individual, mientras que los soldados estaban dotados con pistolas lanzagases, escopetas Mossberg 12 mayor, granadas de gases y escudos. Efectivos de la Fuerza Aérea Boliviana portaban fusiles GALIL y granadas de gas».
Las fuerzas de seguridad del Estado avanzaron por avenida Villazón con destino a Sacaba. «Algunos manifestantes encendieron neumáticos y lanzaron piedras a la Policía. La Policía detuvo a personas que se habían refugiado en casas de vecinos en Sacaba», indica.
Producto de los disparos, señala el informe, «nueve personas resultaron fallecidas y una décima quedó con graves heridas, que provocaron su muerte en junio del año siguiente. Por lo menos otras 98 personas resultaron heridas. El GIEI logró documentar 36 personas heridas con proyectiles de arma de fuego».
El grupo de expertos realiza una conclusión que será clave para el curso de la investigación de esta masacre. «El GIEI no encontró pruebas de que los manifestantes hicieron uso de armas de fuego o que amenazaran la vida de otros manifestantes, de los efectivos de la policía o de las fuerzas armadas presentes. No hubo informes de lesiones graves a ningún miembro de las fuerzas del orden».
Concluye que en este caso «el Estado no ha cumplido con su deber de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de los responsables, si bien, en los últimos meses, se observan avances importantes en el esclarecimiento de los hechos».
Tomado de Brújula Digital
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