Cuatro años de terror y zozobra vive Juan Antonio C., el mecánico a quien el abogado Jhasmani T. obligó por la fuerza a firmar un documento en el que certifica haber recibido la devolución de $us 20.000 por concepto de un anticrético que nunca recibió. El afectado tuvo que enviar al exterior del país a su hija de 17 años para protegerla de las amenazas que había lanzado el sindicado de «violarla» como venganza.
La vida de Juan cambió por completo el 16 de noviembre de 2014. Ese día, una persona le llamó por teléfono y le pidió que le preste sus servicios de «auxilio» como mecánico. Supuestamente el vehículo del presunto cliente se había averiado, por eso la víctima acudió al lugar y al momento de subirse al motorizado, otras personas aparecieron y lo redujeron. Ahí comenzó su calvario.
“Uno me puso un cuchillo en la costilla, el otro brazo me pusieron en la nuca, y otro sujeto me hizo pasar corriente por mi espalda, yo les pregunté dónde me llevaban y quiénes eran, respondieron que yo tenía una denuncia de Diprove, yo les dije ‘por qué, sino tenía ni auto’ y me pidieron que me calle porque si no me iban a congelar”, contó la víctima este viernes en medio de sollozos, en una entrevista con la red ATB.
El mecánico firma el documento del supuesto pago. Foto: Captura ATB.
Cuando llegaron a una vivienda, los sujetos hablaron por teléfono con otra persona a la que identificaron, contó, con el grado de capitán.
Una vez dentro el domicilio, le quitaron la venda y pudo ver a los dueños de la vivienda que había tomado en anticrético. El contrato había fenecido y por ello solicitó su devolución, eso detonó el caso.
“Me sacaron la venda y en esa casa estaba la dueña de casa, su hijo y su yerna, que es familiar de Jhasmani T. (…) y había una persona que usaba un chaleco que decía FELCC y me pusieron la plata en la mesa, y me pidieron que la cuente, era algo de 2.000 dólares, no supe si eran verdaderos o falsos. Me hicieron firmar (un documento) a la fuerza, me daban patadas y me puñeteaban en mi cara”, recordó.
El traslado del sindicado en un vuelo comercial. Foto: Express Bolivia.
Como forma de presión, el propio abogado ordenaba a sus acompañantes que lo metan a una bañera, hasta que preguntó a la dueña de casa cuántos hijos tenía Juan.
“Si es que vas a denunciar te vas a morir y vamos a violar a tus hijas (…) la de 17 años me gusta”, esa fue la amenaza del ahora procesado por un caso de consorcio, según contó el afectado.
Pese a todo lo vivido estos años, y al proceso en curso en contra de Jhasnmani T., quien fue encarcelado en noviembre de 2018 por este hecho, Juan dice tener la esperanza de recuperar su dinero y pide a las autoridades que lo colaboren.
“Quiero recuperar mi plata, porque ha sido mi sacrificio, incluso a mi hija le he tenido que sacar del país, porque este tipo cualquier cosa le podía hacer, en las noches le llamo a mi hija, no estoy tranquilo, que alguien me ayude”, rogó en medio del llanto.
Pide también que si hay otras víctimas de esta banda delincuencial, se presenten y denuncien. Dos videos que fueron enviados a los medios de comunicación revelaron la existencia de más casos. En uno de ellos se ve cómo flagela a sopapos a un presunto deudor, mientras que en el otro registro también los golpea, pero está vez le hecha gas con sus cómplices, unos seis individuos, todos varones.
Jhasmani T. fue trasladado la noche del jueves del penal de El Abra, en Cochabamba, a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz. El Gobierno sospecha que desde su ingreso al penal cochabambino lideró un grupo delictivo con el que proseguía con sus labores de extorsión.
Pero parece no afectarle nada de lo que sucede ahora con su vida. Una fotografía que divulgó Express Bolivia lo muestra sonriente en el avión en el que fue trasladado hasta El Alto. Se lo ve en una actitud tranquila. El mismo comportamiento tuvo a su llegada al Aeropuerto de El Alto. Sonrío a las cámaras.
Por este caso, los ministros de Gobierno, Carlos Romero, y el de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, urgieron una pronta investigación ya que se sospecha que el jurista conformó un presunto consorcio en el que están involucrados abogados, fiscales, jueces y hasta policías.
La Razón
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