Los vecinos afectados de Achocalla, en La Paz, denunciaron que un proyecto de canalización de la alcaldía de la ciudad de El Alto es lo que provocó la mazamorra en la urbanización Arco Iris.
“La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) Achocalla se pronuncia contra la ciudad de El Alto porque son rebalses de esa ciudad, no es una riada, es un trabajo humano, lo han dirigido a la urbanización Arco Iris. La alcaldesa Eva Copa realizó un proyecto ¿Cómo hizo la canalización de ese lugar?, es donde lo han tapado el canal de drenaje”, manifestó un dirigente de la Fejuve Achocalla.
La Defensoría del Pueblo, tras una reunión interinstitucional, logró un compromiso entre la Alcaldía alteña y del municipio de Achocalla para la atención de más de 30 familias damnificadas y también la coordinación de obras de prevención.
“Por instrucción del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, nos constituimos en el lugar de los hechos para conversar con las autoridades y familias damnificadas, según el reporte se tienen tres personas fallecidas y al menos 30 familias afectadas. Autoridades del municipio de El Alto y Achocalla con presencia de la Defensoría del Pueblo, realizaron un verificativo en la zona Viviendas Santa Rosa, zona colindante y se desarrolló una extensa reunión que derivó en la firma de un acta de compromiso», informó el coordinador Regional de El Alto, Fernando Claros.
El documento señala que el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) se compromete a enviar maquinaria, entre ellas una tornamesa por 40 horas para realizar los trabajos de canalización en las torrenteras y una cargadora frontal por 80 horas para el retiro de material de arrastre. Asimismo, realizar trabajos de mantenimiento en las tuberías, poner defensivos para desviar los cauces de agua que bajan de la urbe alteña con el fin de evitar que todo el caudal llegue a desembocar en las torrenteras de Achocalla.
También se acordó que esté próximo miércoles se desarrollará una reunión de evaluación y coordinación entre los equipos técnicos de ambos municipios, con presencia de la Defensoría del Pueblo, que estará en calidad de veedor; además de hacer el seguimiento del acuerdo suscrito.
“La Defensoría del Pueblo comprometió que gestionará otras reuniones entre ambos municipios, para que a través de mesas técnicas se trabajen soluciones definitivas a este problema que se presenta año tras año”, señaló Claros.
Tomado de Opinión









