AHORADIGITAL.- El diputado de los pueblos indígenas, René Arévalo, denunció este viernes una situación crítica en las comunidades de Crevaux y Villa Montes, tras recibir alertas de capitanes y hermanos del pueblo Weenhayek. Según el legislador, intendentes municipales y personal encargado del área piscícola confiscaron el producto de la pesca de subsistencia que los indígenas recolectan para su economía diaria, calificando el hecho como una tragedia para las familias que esperan todo el año el arribo de los cardúmenes, señalando además que los peces decomisados fueron incinerados por las autoridades de control forestal y de fauna.
La autoridad legislativa cuestionó duramente la demora de la Gobernación en suspender oficialmente la veda, cuya fecha tentativa de levantamiento es el 20 de abril y comparó la estabilidad de los funcionarios públicos con la precariedad de los pueblos originarios, quienes no cuentan con un salario fijo y dependen exclusivamente del río.
«Sabemos que algunos funcionarios de la gobernación tienen sueldo y no se preocupan como los hermanos indígenas. Entonces yo creo que debemos priorizar por esa parte y no suspender mucho para que los hermanos indígenas puedan ya poder vender sus pescaditos a la gente», enfatizó Arévalo.
De acuerdo con el informe del legislador, el Pilcomayo presenta actualmente una abundancia de peces que ya cumplen con las dimensiones legales para su comercialización asegurando que los pescadores indígenas respetan las normas ambientales devolviendo al caudal a los ejemplares pequeños, pero la presión de compradores que llegan desde Santa Cruz y otros departamentos genera una tensión económica insostenible.
El diputado insistió en que retrasar la autorización de pesca es innecesario, dado que el 95% del territorio ribereño ya cuenta con ejemplares de gran tamaño listos para el consumo.
Por otra parte, el diputado denunció un abuso sistemático por parte de los intermediarios, quienes adquieren el sábalo a precios bajos para luego revenderlos con márgenes de ganancia desproporcionados en las ciudades. «Eso siempre se ha dicho en todos momentos, de que los intendentes municipales, la gobernación puedan regular, ayudarnos a regular porque en el río compra a dos bolivianos y aquí en Tarija o en los mercados están vendiendo a 30 y hasta 50, 60 bolivianos», sentenció el representante indígena.
Finalmente, Arévalo instó a Codefauna y a las intendencias municipales a ejercer un control estricto sobre la cadena de comercialización para proteger tanto al productor como al consumidor. La propuesta de los pueblos indígenas es que el precio del sábalo de mejor tamaño no exceda los 20 bolivianos en los mercados populares, permitiendo un acceso justo a este alimento básico.
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