La directora de Género Generacional de la Alcaldía de Cochabamba, Tatiana Herrera, denunció que, el fin de semana, el juez mixto en lo Penal de Ivirgarzama, Vicente Aizama, y los jefes policiales del trópico y Cercado pusieron en riesgo la vida de Amador G. y de su hijo de seis años al intentar llevar al menor hasta Puerto Villarroel.
El pasado viernes, Amador G., de profesión maestro, se entregó a la Policía en medio de un confuso caso debido a que fue denunciado por supuesto rapto de su hijo de una escuela en Villa Tunari; sin embargo, resultó que él tenía la custodia del niño, pero tomó esa decisión porque la madre se lo había llevado sin autorización.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) trasladó al hombre hasta Ivirgarzama, donde fue sometido a una audiencia de medidas cautelares. El juez, en primera instancia, determinó la detención domiciliaria; sin embargo, esta decisión fue rechazada por los pobladores, que amenazaron con linchar al profesor si el niño —que estaba bajo el cuidado de sus abuelos paternos en la ciudad de Cochabamba— no era trasladado hasta ese lugar.
“Una turba quería incendiar el Juzgado exigiendo que entreguen al niño, es ahí que en la madrugada el jefe de la Defensoría de la Niñez y mi persona empezamos a recibir llamadas del comandante, del juez pidiéndonos que entreguemos al niño”, dijo Herrera.
Al recibir la negativa, el juez Aizama determinó la detención preventiva en el penal de San Sebastián por seis días e instaló el domingo una nueva audiencia en instalaciones del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de la ciudad para definir quién tendría la tutela del menor.
“Vamos a denunciar en la Fiscalía al juez que cometió error tras error”, agregó Herrera, porque en la audiencia determinó el retiro de la Defensoría de la Niñez y de la psicóloga que brindaba apoyo al menor.
Dijo que “se ha arriesgado la vida de las personas, se ha movilizado una familia, se ha movilizado a un menor para lo mismo” porque se ha ratificado la tutela del menor.
Este 22 de marzo, se prevé una nueva audiencia en la que un juez de la ciudad de Cochabamba conozca el caso del niño de seis años. En tanto, el profesor debe cumplir seis días de detención preventiva.
Parte denunciante
Hugo Iriarte, abogado de la madre del niño, señaló que todas las acusaciones en contra de la mujer no tienen sustento.
“Todo es mentira de autoridades de Cochabamba que quieren politizar estos casos y se aprovechan para entrar a la política”, dijo.
Para Iriarte, el menor está siendo manipulado por los familiares, debido a que apunta a su mamá como mala y a su padre como bueno. “Tenemos evidencias de que el señor está en total estado de ebriedad frente a su hijo”.
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