El 61% de las denuncias realizadas por violencia contra la mujer en el país son rechazadas debido a que las primeras acciones investigativas no son las adecuadas, según la Defensoría del Pueblo.
En un informe reciente, la Defensoría del Pueblo puso bajo la lupa la efectividad de la Ley 348 (Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia), después de 11 años de vigencia de esta normativa en el país.
“El rechazo no es porque la violencia no existe, sino porque es necesario fortalecer los mecanismos de prevención y atención que permitan a la víctima gozar de la reparación de sus derechos vulnerados”, manifestó Humberto Mayorga, delegado defensorial del Pueblo en Chuquisaca.
Dio a conocer que, de la revisión exhaustiva de 130 expedientes a nivel nacional, la Defensoría del Pueblo evidenció que el 61% de las denuncias verificadas fueron rechazadas, lo que demuestra fallas estructurales en el sistema judicial.
El alto índice de rechazo no responde a la inexistencia del hecho de violencia –recalcó–, sino a deficiencias técnicas y procesales que se deben a:
Falta de pruebas adecuadas: Muchas denuncias no logran avanzar debido a que no se recolectan o presentan los elementos probatorios necesarios para sustentar el caso ante un juez.
Investigaciones poco prolijas: Se detectó una atención de rigor en las etapas iniciales de investigación, lo que impide que el debido proceso se materialice con éxito.
Debilidad en la coordinación: Existe una desconexión institucional entre el Ministerio Público, la Policía, el IDIF y los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), lo que genera “resquebrajamientos” que son aprovechados por los agresores para evadir la justicia.
Por otra parte, el informe también destaca una preocupante brecha auditiva. Actualmente, el 70% de los costos derivados de la violencia (atención médica, psicológica y psiquiátrica) es asumido directamente por las víctimas. El sector privado y las ONG corren con el 20%, mientras que el Estado apenas alcanza a cubrir el 10% restante, detalló Mayorga
Ante esta situación, la Defensoría instó al Ministerio de Economía ya las nuevas autoridades de gobiernos municipales y departamentales, que serán elegidas este domingo, a garantizar presupuestos adecuados para la contratación de personal especializado y permanente en los SLIM y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia.
El delegado defensorial del Pueblo en Chuquisaca, Humberto Mayorga, lamentó que los candidatos a alcaldes, concejales, gobernadores y asambleístas no hayan abordado en sus campañas temas como la situación de los niños en centros de acogida y la problemática penitenciaria.
Correo del Sur
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