El fiscal departamental de Oruro, Freddy Álvarez, minimizó hoy los indicios y pruebas encontrados por el GIEI sobre las emboscadas a la caravana del sur y la caravana minera en Vila Vila y Plaza Verde, que pudieron permitir que estos casos lleguen a estrados judiciales y sostuvo el primero no puede ser reabierto por el Ministerio Público de Oruro.
Álvarez recordó que, sobre la emboscada en Vila Vila, el Ministerio Público abrió de oficio una investigación en 2019, que terminó en noviembre del año pasado con una resolución de rechazo.
“Tenemos información de que se ha emitido una resolución de rechazo en noviembre de la gestión 2020. Al momento, no existe ninguna objeción respecto a ese rechazo y eso ya no permite que pueda ser revisado en la Fiscalía Departamental de Oruro, el caso ya ha concluido con un rechazo en la gestión 2020”, dijo en declaraciones a la radio Fides Potosí.
“En el otro caso, el del ataque a los cooperativistas mineros en el camino de Challapata a Oruro, no existe una investigación, hay un caso aislado al cual se está haciendo seguimiento, sin embargo, no hay materia de investigación”, añadió.
Sus palabras contrastan con el informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que estableció que la Fiscalía abrió seis causas por las emboscadas a la Caravana del Sur en Vila Vila, sin embargo, los investigados fueron sobreseídos.
«Las pruebas disponibles apuntan inequívocamente a que servidores públicos participaron en los bloqueos de las carreteras, y confirman que se emplearon recursos y materiales públicos para estos en distintas localidades. Se advierte además que diversos elementos de prueba apuntan a la existencia de órdenes de superiores, en particular del entonces gobernador del departamento de Oruro (Víctor Hugo Vásquez), para que recursos y funcionarios fueran movilizados para los bloqueos en Vila Vila y Quemalla», dice el documento de los expertos sobre Vila Vila.
El grupo de investigadores hizo un repaso de las seis causas abiertas por el Ministerio Público en el caso Vila Vila, y encontró omisiones y en algunos casos, negligencia.
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“La violencia en Vila Vila y Caracollo fue grave y se perpetraron serias violaciones de los derechos humanos, por lo que el Estado debe agotar todas las líneas relevantes de investigación y garantizar que estos hechos no queden impunes”, dice el GIEI.
En lo que toca a Playa Verde, el grupo de expertos concluyó que «la investigación no ha agotado las posibilidades de esclarecimiento de los hechos. Se aprecia la completa ausencia de pruebas técnicas esenciales de balística. Las pruebas sobre la presencia de decenas o centenas de personas en el grupo que atacó la caravana no fueron exploradas, ni se solicitaron informes sobre el operativo militar en la zona y sus respectivos hallazgos. La responsabilidad de dirigentes políticos y autoridades por el apoyo logístico y eventual participación en la planificación del ataque fue ignorada. La investigación tampoco examina la gama de delitos que fueron perpetrados».
El fiscal departamental también se refirió al del informe del GIEI en lo que toca a la falta de independencia del Ministerio Público.
“Nosotros hemos mantenido siempre que como Ministerio Público cumplimos una función constitucional”, recalcó.
Por su parte, la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, en declaraciones a la misma radioemisora admitió que el caso Vila Vila fue declinado y derivado a la Fiscalía de Oruro.
La funcionaria dijo que se cumplieron los plazos establecidos y es la jurisdicción de la Fiscalía de Oruro la responsable de la investigación.
“Bajo el principio de responsabilidad y legalidad se abrió la investigación, se realizaron algunos actos investigativos, se convocó a declaraciones, incluso se pretendía realizar una inspección en el lugar, y cuando queríamos reprogramar la inspección nos hicieron conocer que el caso se había abierto con muchísima antelación en Oruro, entonces correspondía hacer la declinatoria, porque (Vila Vila y Playa Verde) está entre Oruro y La Paz, por lo que no correspondía investigar al asiento fiscal de Potosí”, agregó.
Página Siete
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