El ‘abogado del diablo’, Jhasmani Torrico, aseguró que la Fiscalía retiró al menos 15 pruebas documentales contra Yassir Molina, en el marco de la etapa de la etapa de exclusión probatoria del juicio oral que se desarrolla en Sucre contra los líderes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC).
“En el debate, el Ministerio Público, dentro de los principios de objetividad y sana crítica, ha reconocido que gran parte de su prueba no debió haber sido ofrecido en esa calidad o en esa condición y por consiguiente ha procedido a retirarla. Entonces, según el conteo que hemos hecho, ellos voluntariamente han retirado unas 15 pruebas documentales. Ahora es obligación de la defensa conseguir que se retiren o se excluyan las demás”, dijo Torrico, citado por Correo del Sur.
Hay 128 pruebas que el Ministerio Público presentó contra los integrantes de la RJC Yassir Molina, Milena Soto y los hermanos Mario Antonio y Fabio Alejandro Bascopé, por destrozos en la Fiscalía General, durante las protestas en contra del fiscal Juan Lanchipa, en octubre de 2020.
Entre dichas pruebas hay documentos, videos, informe de los investigadores y declaraciones que realizaron a los medios de comunicación, además de declaraciones de testigos.
“Consideramos que hay mucha documentación que realmente no es prueba en este proceso. Se han pedido informes a funcionarios que no tienen la calidad ni la condición, ni la idoneidad, de hacer esa clase de informes y entendemos que debían retirarse”, agregó.
El funcionario de la Procuraduría General del Estado (PGE) en Chuquisaca, Rolando Cruz, confirmó que el abogado Jhasmani Torrico hizo que la Fiscalía retire algunas pruebas, pero en menor cantidad, y dijo que el resto de los documentos sería suficiente para determinar responsabilidad penal contra los jóvenes.
“Consideramos que existe prueba como para determinar la responsabilidad penal de los ahora acusados. Estimamos, así como estamos trabajando en ese ritmo y aplicando el principio de celeridad, que seguramente este juicio podría terminar a fines de este mes”, adelantó el funcionario de la PGE.
En septiembre de 2020, los ciudadanos de Sucre se movilizaron contra la Fiscalía General exigiendo la renuncia del Fiscal General, Juan Lanchipa. Un mes después, el 6 de octubre, llegaron los integrantes de la RCJ, rompieron algunos vidrios y pintarrajearon las paredes, según la denuncia del Ministerio Público.
Los procesados están acusados por los delitos de organización criminal, fabricación ilícita y uso de armas no convencionales, atentados contra bienes públicos, impedir y estorbar el ejercicio de funciones, destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, privación de libertad y daño calificado.
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