Por Tamer Medina
Señor Fiscal General del Estado Roger Rider Mariaca Montenegro
Asumiendo conocimiento de que el fiscal LUIS ALBERTO LAFUENTE POZO dio al policía José Carlos Aldunate (recientemente asesinado), mediante requerimiento fiscal en calidad de “depósito judicial”, una movilidad de alta gama que estaba secuestrada dentro de un proceso de investigación por el delito falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, y siendo recurrente en mencionado fiscal y otros, este modus operandi de otorgación de movilidades robadas y/o chutas para uso personal e ilícito de funcionarios policiales, DENUNCIO este hecho concreto ante Ud. para que, como cabeza de la Fiscalía General del Estado inicie y destierre de la entidad que dirige esta forma muy frecuente de operar que, parecería ser parte de la impunidad con la que opera el crimen organizado en nuestro país.
Debe considerar Ud. que una movilidad robada en otro país y/o introducida de contrabando a Bolivia, que es secuestrada y objeto de investigación penal en nuestro país, no puede ser entregada en “depósito judicial” a personas, ni funcionarios policiales ajenos al proceso de investigación pues, NO EXISTE FUNDAMENTO LEGAL para ello.
Es importante hacer notar que, el “fundamento legal” de los artículos 136 y 218 del C.P.P y 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico que contiene el requerimiento fiscal de entrega que hizo el fiscal Lafuente al policía Aldunate, no tiene nada que ver con la DECISIÓN ILEGAL de dicha entrega. En realidad se puso cualquier artículo para justificar la ilegal entrega.
Señor fiscal, si Ud. no realiza las acciones legales en contra de esta recurrente práctica ilegal y delincuencial de muchos fiscales, dará a pensar (con fundamento) que la Fiscalía General del Estado, está acogiendo prácticas ilegales y corruptas como parte del crimen organizado que opera en Bolivia. 
Fdo. Tamer Medina
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