Asociaciones de periodistas en Bolivia solicitaron a organizaciones internacionales seguir de cerca lo que ocurre con la libertad de prensa en el país, en medio de un panorama marcado por la violencia física hacia los trabajadores de la prensa y la estigmatización de los medios por parte del propio Estado.
«La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) han solicitado tanto a la Relatora Especial de la ONU como al Relator Especial de la CIDH que realicen un seguimiento riguroso y sostenido a la situación de la libertad de prensa en Bolivia», se lee en un comunicado difundido hoy por ambas organizaciones.
Miembros de estas asociaciones participaron en una «Conferencia Nacional de Asociaciones de Periodistas» el 18 de junio, donde se discutieron las agresiones acontecidas en los últimos meses, pero principalmente en las últimas semanas, marcadas por conflictos promovidos por afines al expresidente Evo Morales.
Las comunicaciones formales se enviaron a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, Irene Khan, y al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca. En ellas se exponen «una preocupante escalada de vulneraciones a la libertad de prensa, especialmente entre los meses de enero y junio del presente año».
De acuerdo a datos del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derecho de Unitas, en lo que va del año se identificaron 51 vulneraciones directamente vinculadas al proceso electoral y a la crisis económica. Las acciones muestran «un patrón de violencia ejercida por sectores sociales afines al expresidente Evo Morales», señala el comunicado.
A mediados de mayo, por ejemplo, al menos seis reporteros sufrieron agresiones durante los enfrentamientos entre la Policía y evistas en inmediaciones del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, los afines a Morales exigían registrar a su líder como candidato para las elecciones de agosto.
En días más recientes, se registraron casos de periodistas golpeados, requisados y amenazados en Sipe Sipe, El Alto y Llallagua.
Las organizaciones de periodistas también expresaron su preocupación porque funcionarios públicos y autoridades locales refuerzan «un clima de descrédito que fomenta la hostilidad y alimenta la impunidad», promoviendo el uso de calificativos como «prensa vendida» o «mentirosa».
El Deber
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