En los últimos cuatro meses, siete violaciones grupales salieron a la luz en Bolivia, cuatro de ellas, en Santa Cruz. Las víctimas son menores de 18 años y recibieron maltrato antes que ayuda cuando presentaron su denuncia. “La justicia no está lista para obrar correctamente ante estos crímenes”, dice la abogada Jessica Echeverría.
En diciembre pasado, el país se consternó ante la denuncia de una violación grupal, perpetrada en el motel Delux de Santa Cruz. La víctima era una joven de 18 años; los supuestos agresores, cinco compañeros suyos, el menor de 14 años. Este caso, conocido como Manada boliviana, fue el primero de al menos siete similares que se conocieron en lo que va de 2019.
“Creer que este fenómeno es nuevo es errado. Esto siempre ha sucedido, pero ahora la sociedad, los medios y los operadores de justicia están tomando conciencia de que las violaciones grupales son un fenómeno. Y ponen en evidencia a un sistema burocrático y machista que no comprende que la víctima es víctima. Por eso hay ataques a la credibilidad y dignidad de las agredidas. La justicia no está lista para atender estos casos como corresponde”, sostiene Echeverría, representante de la joven en el caso de la Manada.
La madre de otra víctima confirma la ineficiencia de las instituciones llamadas a atender estas denuncias. Cuenta que en febrero acudió al modulo policial de su barrio, la cruceña Villa Primero de Mayo, para denunciar la violación grupal que sufrió su hija; pero en vez de ayuda recibió cuestionamientos: “¿Y si ella quería tener relaciones, cómo va a denunciar una violación?”.
El caso que abrió los registros
El 14 de diciembre de 2018, una joven de 18 años salió con un grupo de amigos. Lo siguiente que recuerda es que despertó tres días después en un hospital.
Los análisis clínicos evidenciaron que ella había sido drogada. Su cuerpo estaba lleno de moretones y presentaba lesiones que confirmaban un vejamen.
“Este es uno de los casos más difíciles que he visto a lo largo de mi carrera y en el que más presiones hubo, no sólo contra mi persona -porque intentaron desprestigiarme por defender a la víctima- sino también contra la forense y los certificados que emitió”, indica la jurista Echeverría.
Han pasado cuatro meses y una serie de irregularidades han manchado las investigaciones: No se sabe por qué la víctima llegó con restos de pasto y barro al hospital, por qué tardó una hora en ese trayecto o por qué el vehículo en que la trasladaron no fue inspeccionado por la Fiscalía sino una semana después del hecho, cuando ya había sido lavado y las pruebas, contaminadas,
Mientras que la discoteca Dubái -de donde salieron la joven y sus supuestos agresores- permanece cerrada, el motel Delux funciona con normalidad. “Incluso la inspección técnica ocular se desarrolló mientras este lugar estaba abierto al público. Ojo que uno de sus empleados fue el único que declaró a favor de los acusados, algo que no pasó con el personal de la disco”, afirma Echeverría.
El caso no avanza. Los abogados están a la espera de que la jueza que lleva el caso del menor de edad acusado fije el inicio de su proceso. “También estamos esperando que el juez, que conoce todo el caso, de una vez dé una fecha para que la víctima presente su declaración”, explica.
Seis casos
“Luego del caso de la Manada han surgido otros similares en Santa Cruz. Incluso apareció el video de una agresión que sucedió hace tres años. Ya son al menos cinco casos que se conocen, ¿cuántos serán los que no salen a la luz?”, cuestiona Echeverría.
El 27 de enero, una joven de 17 años fue violada en Pando. La denuncia da cuenta de que hubo al menos dos agresores. El ataque le causó serias lesiones por las que tuvo que ser internada.
En La Paz, el 30 de enero, otra adolescente de 17 años fue atacada sexualmente en el bosquecillo de Pura Pura. Tras la denuncia se detuvo preventivamente a tres indigentes. Para desestimar la acusación, la defensa de los presuntos autores argumentó que la muchacha estuvo consumiendo bebidas alcohólicas con sus amigas y que ellas la dejaron. No hay mas registros públicos del caso.
Una semana después, otra adolescente de Montero denunció que había sido drogada y violada por unos amigos. Ella no recordaba nada pero un video de la agresión circulaba por las redes.
La primera semana de marzo una adolescente de 14 años dio a luz a un bebé en un hospital de Montero. Su padre presentó una denuncia por estupro, sin embargo las investigaciones hallaron que la niña fue víctima de una violación por seis sujetos.
A principios de abril, la madre de una adolescente de 15 años denunció que su hija fue ultrajada por tres sujetos, uno era compañero de colegio de la víctima. Sus atacantes la doparon, la violaron, le robaron sus pertenencias y la abandonaron semidesnuda en una calle. El hecho ocurrió el 27 de febrero pero no fue hasta la primera semana de abril, cuando el caso se hizo público, y en el que se realizaron tres aprehensiones.
Días después, otra adolescente fue hallada desnuda tras ser ultrajada en un terreno baldío de la urbe cruceña. El video de una cámara de seguridad captó el momento cuando ella llega con cuatro muchachos y cómo minutos después sólo los varones salen del lugar. Alarmados los vecinos dieron parte a la Policía, que investiga el caso.
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La mayoría de las víctimas son adolescentes que fueron dopadas.Gentileza Juan Quisbert
“La denuncia no avanzó hasta que acudí a la prensa”
El 27 de febrero, una adolescente de 15 años vecina de la Villa Primero de Mayo en Santa Cruz fue violada por tres sujetos. La denuncia fue presentada al día siguiente de la agresión; pero no hubo ningún avance en el caso hasta que la madre de la víctima decidió contar todo a la prensa.
“Ella (la víctima) no se acuerda nada, dice que estaba en la casa de su compañero y que llegaron dos amigos de él. Dice que le dieron un energizante y después perdió el conocimiento”, contó la madre de la adolescente.
El 27 de febrero, su hija fue hallada por el padre de una de sus amigas en una calle cercana a su domicilio. Parecía perdida y apenas podía mantenerse en pie.
“Su amiga y su papá la trajeron a casa. Al llevarla a su cuarto y cambiarle vi que no traía la ropa interior y que su cuerpo estaba lleno de marcas, moretones y chupones. Me di cuenta que violaron a mi niña y no supe qué más hacer. llevarla a la Policía para sentar una denuncia. Pero en vez de ayudarnos me han retado”, relató la progenitora.
Apenas llegó a la unidad de FELCV en la Villa Primero de Mayo -asegura- los efectivos la cuestionaron. Le advirtieron que no podía denunciar “un supuesto”.
“Me dijeron: ‘¿de qué van a sentar denuncia? ¿por supuesta violación? ¿y su hija se fue con su cortejito y tuvieron relaciones sexuales de mutuo acuerdo? No recibieron mi denuncia, pedí un forense y me dijeron que vuelva al día siguiente porque el técnico ya se había ido. Yo estaba con mi hija inconsciente en el vehículo y fui a un hospital particular”.
En la clínica auxiliaron a la joven. En cuanto reaccionó, preguntó por sus cosas. Entonces su madre supo que además de doparla y vejarla le habían robado.
Después de decenas de visitas a la FELCV y ante la falta de acciones, la madre decidió denunciar el caso ante la prensa. Tras las primeras declaraciones del caso, las autoridades policiales conformaron una comisión y después de un mes lanzaron las órdenes de aprehensión.
La víctima dejó de estudiar porque uno de los agresores era su compañero de colegio. Aún no fue puesta bajo protección.
El caso de Verónica es uno de los estudiados por Harvard.
Verónica: seis años de impunidad para sus presuntos violadores y asesinos
En agosto de 2013, el cuerpo sin vida de Verónica Quintana fue encontrado en un cerro de Llojeta. Estaba desnuda y tenía la mandíbula fracturada. Había signos de violación pero hasta hoy los resultados del examen de ADN no se conocen.
A casi seis años del asesinato de Verónica, el caso ha peregrinado ya por cuatro tribunales y ya ha vuelto a foja cero por tercera vez. Hay cinco acusados que están libres.
“¿Dónde queda la ley 348?, por tercera vez el caso vuelve a foja cero. Estamos indignados. Todos estos años no se hizo nada”, manifestó la hermana de Verónica, Paola Quintana.
En 2013, el proceso se inició en el tribunal primero de Sentencia de El Alto. Sin embargo tiempo después, por la renuncia de los jueces asignados, pasó al tribunal segundo de Sentencia y empezó de cero.
Una vez en esta instancia, los jueces fueron recusados y nuevamente la causa tuvo que ser trasladada, esta vez al tribunal tercero de Sentencia. El año 2017 otra vez los jueces renunciaron y el proceso tuvo que pasar al tribunal quinto de Sentencia. Actualmente una nueva acefalía en el quinto hace que el caso nuevamente quede en cero. Desde 2013, no hay justicia para Verónica.
La madre de la víctima señala que nadie asume la responsabilidad por la evidente dilación en el proceso. Manifiesta que hasta hoy no se ha podido conocer los resultados del examen de ADN que hizo el IDIF y que podría dar pistas sobre quién o quiénes violaron a su hija.
“Parece mentira que hasta ahora no se haya revelado esta pericia”, lamenta.
2 casos reconocidos
En 2015 y 2016, dos casos emblemáticos de violación grupal obtuvieron sentencia. Coadyuvaron a esos resultados las movilizaciones de mujeres activistas.
2013
El 23 de noviembre, la ciudadana estadounidense Renee Gurley fue violada por tres jóvenes en la localidad de Samaipata. Ella no solo se enfrentó a sus agresores, sino a algunas autoridades locales que los defendieron.
2 Años duró un proceso en el que se dudó de su denuncia y fue ella quien tuvo que reunir las pruebas. Se llegó a cuestionar que haya sido una violación debido a que no tenía lesiones en las piernas, lo que se tomó como una señal de que ella consintió.
2015 el martes 9 de junio un Tribunal de Vallegrande condenó a los agresores a 25 años de cárcel. El juicio no se realizó en Samaipata porque los pobladores lo impidieron.
2014
El 14 de junio, V.V. de 21 años fue violada en un alojamiento por el hombre con el que salía y el primo de éste. Pese a que ella llegó inconsciente, les alquilaron un cuarto.
6 minutos dura un video que registra el ultraje del que fue víctima, sin embargo esta prueba fue editada y cortada para ser presentada ante el Ministerio Público. El proceso que despertó la indignación de la población duró más de dos años.
2016
El 6 de mayo el Tribunal Noveno de Sentencia de Santa Cruz sentenció a 25 y 12 años de cárcel a los dos agresores de V.V. . Se determinó 2 años de cárcel para la recepcionista del alojamiento donde fue la violación.
Página Siete / Leny Chuquimia / Santa Cruz
