Una comisión conformada por el Viceministerio de Sustancias Controladas, Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Autoridad de Fiscalización y Control de Bosque y Tierra (ABT), Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Diablos Azules y el Comité de Gestión de las áreas protegidas Bajo Paraguá y Noel Kempff Mercado, visitó la región chiquitana para una inspección ‘in situ’.
La expedición se hizo con el objetivo de evaluar las mejores coordenadas para instalar puestos de control de lucha contra el narcotráfico, ante el avance imparable del negocio de los ilícitos en la zona.
No estuvo presente la Alcaldía de San Ignacio de Velasco, y según Luis Flores Orellana, director departamental de la ABT, fue una comisión que se armó rápido porque hay «temas calientes» en la zona y es necesario tomar posesión del lugar.
Aclaró que la ubicación de los puntos es información exclusiva de la Felcn, igual que la fecha en que se pondrán en funcionamiento, pero que el dato inicial es que estarán por el lado de la comunidad Porvenir, aunque la prioridad es abocarse más al Parque Nacional Noel Kempff Mercado (PNNKM). «Como ABT fuimos para ver el lugar y mirar si podemos autorizar en caso de que soliciten», explicó.
Según Teodoro Mamani, director del Sernap, la convocatoria estuvo a cargo del Viceministerio de Sustancias Controladas, Jaime Mamani. «Se convocó al Sernap, INRA, ABT, nosotros participamos a través del director del parque Noel Kempff», indicó.
Asimismo, recordó que en varias oportunidades el Sernap hizo conocer que urge tener una base militar en la región, ya que el parque está en frontera con Brasil y los guardaparques poco o nada pueden hacer, «situación que es de conocimiento público, y cada vez se encuentran pistas clandestinas, incluso fallecidos, eso nos preocupa», dijo.
Mamani especificó que por «instrucción de arriba» se decidió construir una base militar en cercanías o dentro del parque, y que las autoridades a cargo verán cuáles son los sitios viables, «pero de hecho se construirá, y eso nos fortalece como área protegida, los guardaparques no correrán peligro, pero también para hacer patrullajes conjuntos, no solo por vía terrestre. Esa decisión ya fue tomada, sí o sí se construirán los puestos», aseguró.
También reconoció que hubo «oposición de parte de las comunidades» a la instalación de los puntos de control, y que como Sernap no saben cuál es la intención de los habitantes para impedir que se construyan, ya que son una seguridad para los que viven en la zona.
«No quiero pensar mal, pero parecería que algo ocurre, si quisieran construir algo así cerca de mi comunidad, yo me sentiría feliz, no sabemos qué intereses hay para que rechacen», aludió a las comunidades que conforman el territorio indígena Bajo Paraguá, pero aclaró que no todos se oponen.
Dejó claro que se empezará con un punto de control y que los otros se irán implementando de a poco. «Tenemos nuestros campamentos, no necesitamos tener otros campamentos, pero el viceministro Mamani decía que mejor si se instalan donde el Sernap que ya tiene campamentos. Sin embargo, es algo que aún se está viendo, y sabemos que no es suficiente, pero de alguna forma nos fortalece, al haber una presencia militar en la frontera con Brasil», finalizó.
Riesgo
Hace poco, la diputada de Comunidad Ciudadana, María José Salazar, denunció que peligraba la vida Maida Peña, de una de las dirigentes de la zona que hace un año pidió los puntos de control. Unos 300 comunarios rodearon su casa, encabezados por María Frey, cacique de Picaflor, comunidad indígena guarasugwe, donde Umopar encontró unas brechas no autorizadas, que supuestamente llevaban a laboratorios de cocaína.
En ese momento, la legisladora cuestionó si existía protección al narcotráfico de parte de los comunarios, «en complicidad con Umopar».
Casi un año
En junio del año pasado, según consta en acta, dirigentes, cívicos, Sernap, guardaparques y otros firmaron un documento en el que solicitaban puestos de monitoreo y control para el Área Protegida (AP) Municipal Bajo Paraguá, colindante con el PNNKM y el territorio indígena del mismo nombre.
Hasta la fecha, la Alcaldía de San Ignacio y la Fundación Natura, que asumió el desafío, no han implementado los puntos, a pesar de que la diputada de Creemos, María René Álvarez, habló de una posible pista de aterrizaje clandestina en el AP, y pidió al ministro Eduardo Del Castillo que esta fuera detonada, igual que se hizo con la pista turística de Los Fierros, donde murió un oficial de Umopar, tras un encuentro con supuestos narcos colombianos.
Asimismo, en Bajo Paraguá continúan los desmontes, usados para cultivos, y planificados con la forma de la columna de un pez, con brechas troncales de las que salen otros desmontes menores. Los monitoreos satelitales recientes muestran que la deforestación del AP sigue avanzando, bajo la estrategia de desmontar y desaparecer, para que no haya a quién notificar.
Sin embargo, dirigentes de San Martín han reconocido públicamente que los hijos de quienes habitan esa comunidad ya necesitan más tierra.
EL DEBER
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