El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, admitió desconocer cómo el prontuariado capitán de la Policía Javier Alberti se liberó de sus procesos penales y administrativos para seguir en funciones; anunció un investigación al interior de la institución del orden y advirtió procesos contra los que lo favorecieron.
El capitán Alberti fue detenido la pasada jornada, luego de ser buscado durante la semana tras ser identificado como uno de los autores del robo a un ciudadano el fin de semana en la ciudad de Santa Cruz.
Este último acto delictivo se suma a la lista de delitos que cometió desde 2009. Ese año, el oficial fue recluido a la cárcel de Palmasola por transportar 59 kilos de cocaína. El 2015, Alberti fue aprehendido por extorsión y privación de libertad a un ciudadano. El 13 de marzo del 2021, fue acusado públicamente por extorsionar a un transportista en Challapata. En junio del 2022, fue denunciado por pertenecer a una red de “chuteros” que internaban vehículos robados de Chile a suelo boliviano. Por este último hecho, el uniformado fue recluido en el penal de San Pedro de Oruro por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
“No entendemos cómo en el pasado pudo liberarse este sujeto de los procesos administrativos, disciplinarios, como de los procesos penales. Por lo tanto, se ha instruido que se inicien las investigaciones en contra de los fiscales y los tribunales administrativos al interior de la Policía Boliviana y si es que han ayudado, al margen de la ley, al margen de cualquier normativa legal vigente, a este sujeto también van a ser procesados”, advirtió Del Castillo.
Al momento de su presentación ante los medios de comunicación, Alberti opuso resistencia y evitó que su imagen sea reflejada ante la prensa. Los cuatro efectivos forcejearon, pero no pudieron controlarlo en medio de gritos donde alegaba inocencia.
“No soy delincuente. No soy el de la foto. Fernando Bustillos y toda la Felcc (…), no soy un delincuente. No soy el de la foto. Soy inocente. Me han montado este caso. Me han armado un caso, señor ministro. El coronel Bustillos…”, reclamó interrumpidamente Alberti en medio de los forcejeos.
El ministro de Gobierno admitió que los procesos disciplinarios y administrativos de la Policía están obsoletos y son pasibles de anulación con acciones de amparo y demás “artimañas y chicanas jurídicas”. Por ello, la autoridad anunció que preparan un proyecto normativo que pronto será presentado a la Asamblea Legislativa para actualizar y endurecer las sanciones.
ANF
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