Elvira Parra conoce los principales juzgados del país. Hizo viajes “matadores” de hasta 18 horas continuas en los vehículos vetustos de Régimen Penitenciario para asistir a las innumerables audiencias a las que fue citada. Tras la muerte de Marco Antonio Aramayo quedó como la única detenida por el desfalco del Fondo Indígena (Fondioc); está enferma y no tiene recursos suficientes para pagar un abogado particular.
“Solicité permiso para ir al médico, pero no me dieron. Estoy a plan de hierbas y con eso me curo, porque también me sube la presión y todo esto me pasó aquí”, dijo Parra en un registro de audio al que accedió EL DEBER. La exfuncionaria clama así porque su caso se resuelva pronto, puesto que los recursos de su familia, prácticamente se han agotado. Además, observó la actitud de técnicos y abogados del Fondioc que no han podido concluir con la pesquisa.
“Cuántas veces han venido los abogados del Fondo Indígena para que me vaya al (juicio) abreviado y no les acepté porque no tengo culpa alguna y eso les dije a mis hijos, que aguanten, porque debo salir de aquí aclarando las cosas”, aseguró Parra desde el penal femenino de Obrajes, donde está detenida desde marzo de 2015.
El esposo, Joaquín Chuquimia, también corroboró esa preocupación. En una conversación con esta redacción, el hombre afirmó con voz entrecortada que “la justicia es realmente para quienes tienen dinero”, pues su familia ha sufrido durante los últimos siete años los costosos trámites para enfrentar 180 procesos. “No existe en el mundo un abogado que se haga cargo de tantos juicios ni hay bolsillo que aguante. Además, no tengo ni como acceder a un préstamo bancario porque mi casa está embargada en El Alto” por estos juicios, afirmó apesadumbrado.
Parra fue la primera directora de la institución. Estuvo en el cargo entre el 15 de abril de 2006 y el 17 de junio de 2012, tres años antes del escándalo que provocó su detención. “Fui fundadora”, aseguró. También recordó que varios de sus excolaboradores, que dieron el aval técnico para el desembolso de los recursos en favor de los proyectos de desarrollo de las comunidades, “ahora están trabajando para el Gobierno”.“Es que los abogados del Fondo Indígena no quieren que avance el proceso. Cuántas veces Marco Antonio Aramayo les gritó en las audiencias que hacen eso para asegurarse el cargo. Ellos se mantienen en el cargo y se postergan las audiencias”, dijo la exfuncionaria, luego de expresar su reclamo por no haber sido escuchada.
El desfalco del Fondo Indígena es un caso “complejo”, reconoció el secretario de la Fiscalía General, Edwin Quispe. Admitió el miércoles que existe la necesidad de hacer indagaciones detalladas de datos financieros. “En esa misma situación de detención preventiva se encontraba la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo y otras personalidades, como el actual gobernador de Chuquisaca, Damián Condori”, puntualizó Quispe, quien defendió el trabajo del Ministerio Público en este caso, pero solo después de la muerte de Aramayo, quien ayer fue enterrado en Santa Cruz.
La autoridad del Ministerio Público indicó que por cada caso vinculado con la corrupción del Fondo Indígena, “hay un promedio de tres a cuatro personas involucradas” que están investigadas.
Tras la salida de Parra, Daniel Zapata tomó la posta en el Fondioc. Estuvo hasta el 3 de septiembre de 2013, cuando fue destituido. Un día después, Luis Arce, siendo ministro de Economía, firmó la Resolución Suprema 10483, con la que Aramayo llegó al cargo y en el que se mantuvo hasta el 24 de febrero de 2015. En su gestión solicitó la intervención de la Contraloría para que investigue las irregularidades y luego denunció a Nemesia Achacollo, quien fue ministra de Desarrollo Rural, por haber autorizado que recursos públicos vayan a parar a 1.100 cuentas de particulares
Por estos casos, Aramayo y Parra fueron enviados a prisión, mientras que Zapata fue declarado como prófugo. “Lo han arreglado así, diciendo que está prófugo, cuando él (Zapata) ha sido responsable. Para mí, hay protección para él e injusticia para nosotros”, señaló afligida la exdirectora.
Pero, la Contraloría concluyó que entre 2010 y 2014 el Fondo no efectuó seguimiento a la ejecución de los proyectos, pues no se tomaron las previsiones tendientes a que los beneficiarios de los recursos cumplan con la cláusula de presentar informes respecto al cumplimiento de estas iniciativas.
Este balance dio lugar a que la entidad fiscalizadora del Estado presente una denuncia ante la Fiscalía una primera, según el informe final de la intervención, al Fondo Indígena que fue presentado Lariza Fuentes, quien fue designada, precisamente, para la ejecución de esa intervención.
El fiscal de La Paz, William Alave, reveló que el Ministerio Público aún investiga a 400 personas, entre ellas la exministra Achacollo, quien apareció en varios mítines políticos del MAS a pesar de estar bajo detención domiciliaria.
Se calcula que más de Bs 700 millones fueron a parar a cuentas privadas de dirigentes sociales del MAS y próximos a Evo Morales.
Parra llegó al cargo con el aval de la Federación de Mujeres Bartolina Sisa, una de las cinco organizaciones que son parte del núcleo político del MAS, “pero hoy no se acuerdan y prácticamente olvidaron a mi esposa en prisión”, recordó el esposo. “Le hemos mandado una carta a doña Flora Aguilar, pero no ha habido respuesta hasta hoy”, lamentó.
Antes de fallecer, el 11 de abril, Aramayo reportó a sus custodios del penal de San Pedro de La Paz que se sentía mal. Ese día retornó de Santa Cruz, donde asistió a una vista judicial. Su defensa reveló que, en un solo día, logró asistir hasta 10 audiencias continúas.
“Mi esposa viajó varias veces con Marco Antonio Aramayo y muchas ocasiones las audiencias se han suspendido. Viajar a Santa Cruz no es fácil y durante el tiempo de Covid igual los llevaban, pero los jueces se excusaban. Así enferma y en mal estado de salud se la llevaron. Las movilidades en las que viajan están en muy mal estado, están viejas. Es la situación que ella ha sufrido”, reveló.
Ante esta situación, “hemos mandado cartas al presidente, al vicepresidente y nos ha derivado a un abogado de defensa pública. Y nos dicen allí: ‘tengo 500 procesos y no puedo hacer más’. Nosotros estamos en el olvido”, remarcó.
Eso sí. Existen casos en los que Parra fue sobreseída y en otros los procesos fueron cerrados, incluso existe uno en el que obtuvo libertad. “A tanta insistencia nos dieron la cesación de la detención, pero le han pedido Bs 50.000 con una fianza y cuatro garantes para que cada uno deposite Bs 20.000. ¿Quién puede garantizarnos así? Son requisitos imposibles de cumplir”, reclamó Chuquimia.
El Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI) se apersonó en el caso de Aramayo, quien incluso fue obligado a viajar enfermo de Covid, y en breve presentará un informe que documenta desde 2017 abusos contra este exfuncionario.
En el caso de Parra, el ITEI tuvo una aproximación y espera poder conversar con ella para apoyarla, porque “suelen haber represalias”, señaló a EL DEBER Andrés Gautier, responsable del área socio-terapéutica de esta organización
“Cuando se presentó el caso de Marco Aramayo al relator de la Naciones Unidas, Diego García Sayán, hice de mediación para que también se considere el caso de Parra. Todavía no tenemos las credenciales necesarias para entrar en la cárcel de Obrajes”, puntualizó el especialista.
El Deber
Mira también
Comentarios