Ahoradigital – El fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste, anunció la desvinculación del Ministerio Público de los fiscales Julio César Porras Velarde y Félix Gerardo Balderas Arteaga, quienes figuran en la lista de ciudadanos bolivianos a los que Estados Unidos restringió el ingreso a su territorio.
Porras se desempeñaba como fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz, mientras que Balderas fue fiscal departamental de Beni, cargo del que fue removido en septiembre de 2025.
“Se ha agradecido el servicio de los dos funcionarios que trabajan en el Ministerio Público. Es decir, ellos ya no van a formar parte del Ministerio Público”, afirmó Urioste. Sin embargo, precisó que las resoluciones de desvinculación todavía estaban pendientes de notificación formal.
La decisión se produce después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara restricciones de visa contra 40 personas, bajo el argumento de que estarían vinculadas con acciones que socavan gobiernos democráticamente electos mediante la corrupción o el narcotráfico.
No obstante, el comunicado estadounidense no detalla qué hechos atribuye individualmente a Porras y Balderas.
Urioste señaló que ambos podrían ser investigados y que el Ministerio Público está reuniendo elementos para establecer si existen indicios que justifiquen actuaciones judiciales. También aclaró que aparecer en la lista de sancionados no implica automáticamente ser procesado o condenado.
En el caso de Balderas, su salida de la Fiscalía departamental de Beni ocurrió después de que recibiera amenazas de muerte durante la investigación del caso Sebastián Marset. Porras, por su parte, había negado versiones sobre una supuesta aprehensión vinculada al caso del exfiscal general Roger Mariaca.
La determinación abre un nuevo capítulo en la reorganización del Ministerio Público, en medio de cuestionamientos sobre la corrupción y los presuntos vínculos de funcionarios con redes criminales. El desafío para la Fiscalía será esclarecer los hechos con pruebas y garantizar el debido proceso, sin confundir las sanciones migratorias con responsabilidades penales demostradas.
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