El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, pidió este jueves la renuncia de las autoridades judiciales de Santa Cruz afectadas por la reciente restricción de visas impuesta por el Gobierno de Estados Unidos, para que se sometan a una investigación sin fueros especiales.
«En mi condición de presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, he tomado conocimiento de la suspensión de visas a ciudadanos bolivianos. Entre ellos se encuentran el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada Cerruti, y el vocal ordinario Julio Nelson Alba Flores. Entendemos que el Gobierno de los Estados Unidos dicta esta medida porque los ciudadanos mencionados ya no gozan de la autorización necesaria para administrar el Órgano Judicial departamental», escribió Saucedo.
Por este motivo, el titular del TSJ recomendó a los aludidos “presentar su renuncia y someterse a la investigación pertinente, sin gozar de ningún privilegio por su condición de servidores judiciales”. Asimismo, solicitó a la Sala Plena del TDJ cruceño considerar el tratamiento sobre la conducción de dicho cuerpo colegiado en las próximas horas y exhortó a sus integrantes a cumplir sus labores con ética y transparencia.
El pronunciamiento surgió luego de que la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves la restricción de visados para 40 ciudadanos bolivianos. Según un comunicado del Departamento de Estado norteamericano, la lista incluye a 15 cargos y excargos públicos, además de 25 familiares directos, a quienes se acusa de corrupción o de presuntos nexos con el tráfico de drogas.
Entre los exfuncionarios sancionados también figuran el exfiscal general Juan Lanchipa y el antiguo encargado de la lucha contra el narcotráfico Freddy Bismarck.
Washington justificó la determinación en el marco de los compromisos asumidos el pasado septiembre durante la cumbre de seguimiento del Escudo de las Américas. El documento oficial del país norteamericano asegura que el objetivo de estas políticas es castigar “a ciudadanos extranjeros que, mediante actos de corrupción o actividades de narcotráfico, socavan a los gobiernos elegidos democráticamente” en la región, sin importar su afiliación política.
Correo del Sur
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