Los cinco pilares de la nueva estrategia de lucha antidrogas proyectada por el Gobierno para el periodo 2021-2025 requerirán 580 millones de dólares. Según el proyecto presentado ante el Legislativo por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el plan se enfoca en la prevención del consumo de drogas y la reducción concertada de cultivos excedentarios de coca.
“Necesitamos que se cree el Consejo de Política Integral (CPI), para abordar la estrategia 2021-2025, básicamente con cinco componentes, cuatro principales y uno transversal”, afirmó Del Castillo el 21 de diciembre ante los miembros de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de Diputados. El CPI es clave en el proyecto y será parte de él el Ministerio de Educación, justamente para tener mayor incidencia en la prevención del consumo, que es algo que el Gobierno considera prioritario a futuro.
Para el componente uno, de Control del tráfico ilícito de sustancias controladas, se prevé un presupuesto de 232 millones de dólares, mientras que para el dos, referido a la reducción de cultivos excedentarios de coca y control social, se han proyectado 116 millones de dólares.
En tanto que el componente tres, de abordaje integral de consumo de drogas en el ámbito de salud, educación, familia y comunitario, necesita 220 millones de dólares; por último, el componente cuatro que proyecta implementar una red de cooperación internacional compartida, necesitará un presupuesto de 12 millones. Del Castillo afirmó que el componente transversal es el del cuidado al medioambiente, de género y derechos humanos.
La presidenta de la Comisión de Gobierno, la diputada Magaly Gómez, explicó que el nuevo CPI estará conformado por siete carteras de Estado: Presidencia, Defensa, Gobierno, Relaciones Exteriores, Desarrollo Rural, Saud, además de Educación.
Una base previa a la ejecución del plan es la fusión del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) y la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn), debido a que existe duplicidad de funciones, baja ejecución presupuestaria y necesidad de ahorro. En su lugar se creará la Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Coca Excedentaria (Diprevcon).
El proyecto de ley fue aprobado el 23 de diciembre por el pleno de la Asamblea Legislativa y sólo se espera su promulgación. A partir de su implementación y reglamentación, Diprevcon realizará la labor de manejo de la cooperación antidroga, como lo hacían Conaltid y Uelicn.
La nueva dirección prevé disminuir de 160 a 88 los funcionarios en planillas para ahorrar tres millones de dólares por gestión.
Dentro del primer componente de la nueva estrategia de lucha contra en narcotráfico, se prevé retomar el pago a informantes y la intercepción de llamadas, medidas que ya están previstas en los capítulos II y IV de la Ley Nº 913, de 16 de marzo de 2017, de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas.
Además, se busca crear en Beni un centro de entrenamiento de las fuerzas antidroga, similar al Centro de Entrenamiento Internacional Antinarcóticos “Garras del Valor”, ubicado en Chimoré, con el afán de que la presencia de efectivos antidroga espante la creciente labor del narcotráfico en esa zona del país.
Dicho centro se instalaría en Santa Ana del Yacuma, Bellavista o San Joaquín, poblaciones de Beni donde, según el Gobierno, existe evidencia de una mayor presencia del narcotráfico.
El segundo componente de la nueva estrategia se focaliza en la reducción de las plantaciones excedentarias por medio de la concertación y “el control social”, para disminuir la intervención de las fuerzas militares y de la Policía. Sin embargo, Del Castillo no aclaró cuáles serían los lineamientos para sancionar el encubrimiento del cultivo ilegal en las poblaciones.
En el tercer punto, el ministro señaló que el abordaje para la prevención del consumo de drogas está a cargo de los ministerios de Educación y Salud. “Creemos que la represión no es suficiente y no es lo adecuado para luchar contra estos males”, sostuvo.
El cuarto componente tiene que ver con el fortalecimiento del Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos (Cerian), para el cruce de información entre las fuerzas policiales de Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Paraguay, con el fin de identificar a los denominados peces gordos del narcotráfico.
Política integral con mirada de cuidado al medioambiente, género y derechos humanos
Los cuatro componentes del nuevo plan de lucha contra el narcotráfico del Gobierno tienen tres elementos trasnversales, como el cuidado del medioambiente, la equidad de género en cuanto a la sanción de los delitos y, por último, el respeto a los derechos humanos, para no criminalizar el cultivo de coca.
“Por ahora los únicos métodos que tenemos (para la destrucción de lo comisado en los operativos) es la incineración de las fábricas. Creemos que debemos incrementar elementos para el cuidado del medioambiente a la política integral (de lucha antidrogas) de 2021-2025”, afirmó el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo.
Sobre el tema de género, expresó que según el índice de personas detenidas, el eslabón más débil en el tráfico de drogas son las mujeres, madres de familia, usadas como “mulas” para el traslado de sustancias ilícitas, por lo cual abrió la posibilidad de una modificación de la Ley 1008 de Régimen de Coca y Sustancias Controladas, con el fin de reducir las sanciones a mujeres. Del Castillo afirmó que un cabecilla del narcotráfico debe ser juzgado con mayor severidad.
“No es lo mismo sancionar con la misma pena a un pez gordo del narcotráfico que sancionar a una ‘mula’, a una madre que tiene dos o tres niños, incluso que está embarazada”, dijo.
En cuanto a los derechos humanos, el trabajo en esa área estaría enfocado en evitar la criminalización de los productores de hoja de coca, el respeto a sus usos y costumbres, las posturas ideológicas, lo que también está relacionado al cuidado del medioambiente.
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