El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) anunció la puesta en marcha de un plan nacional orientado a descongestionar más de 18.000 causas heredadas de anteriores gestiones, con el objetivo de reducir significativamente esa carga procesal en un plazo de seis meses.
La presidenta del TCP, Paola Prudencio, informó en conferencia de prensa que, a casi tres meses de asumir funciones, una de las principales prioridades de la administración actual es atender este elevado número de procesos pendientes. La autoridad reconoció que el volumen de causas representa un desafío institucional, pero destacó que se trabaja en la implementación de estrategias para mejorar la gestión y agilizar la resolución de expedientes.
“Cuando asumimos funciones como magistrados, fue una de las primeras cuestionantes que hicimos, pero con el sano objetivo de brindar respuestas efectivas y estrategias de gestión de despacho que permitan descongestionar este cúmulo tan cuantioso de causas”, manifestó.
En cuanto al trabajo de la Comisión de Admisión, Prudencio señaló que ya se logró resolver entre el 85% y el 90% de más de 800 causas que también se encontraban pendientes, lo que representa un avance importante dentro de la estrategia institucional.
Por su parte, el magistrado Edson Dávalos subrayó la importancia de acelerar la resolución de los procesos acumulados. “No hay algo más parecido a la injusticia que una resolución tardía y ello representa que no podemos permitir como TCP que existan más de 18.000 causas heredadas que permanecerán sin solución”, afirmó.
El plan contempla cuatro líneas de acción principales: la resolución de las más de 18.000 causas acumuladas en el TCP, la conclusión de los procesos pendientes en la Comisión de Admisión, la reducción de la mora judicial en los nueve departamentos mediante el fortalecimiento de las salas constitucionales y la unificación de criterios jurisprudenciales, especialmente en audiencias tutelares.
Como parte de esta estrategia, las primeras jornadas nacionales de descongestionamiento se desarrollarán el 27 y 28 de febrero en Cochabamba, con la participación de vocales constitucionales, jueces penales, representantes del Colegio de Abogados y universidades, además de delegaciones de Tarija y Chuquisaca.
Posteriormente, estas jornadas se extenderán a La Paz, con la participación de autoridades de Oruro y Potosí, y concluirán en Santa Cruz, donde se integrarán representantes de Beni y Pando, en un esfuerzo coordinado a nivel nacional.
Según el TCP, estas acciones buscan recoger propuestas, consolidar buenas prácticas y establecer soluciones estructurales que permitan reducir la retardación de justicia y fortalecer el acceso oportuno a la justicia constitucional en el país.
Correo del Sur
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