Ahoradigital – El analista político Gonzalo Mendieta cuestionó la incapacidad de las instituciones bolivianas para enfrentar la corrupción y los presuntos vínculos con el narcotráfico, luego de que Estados Unidos difundiera una nueva lista de 15 ciudadanos bolivianos afectados por restricciones de visa, entre ellos jueces, fiscales, policías y dos diputados.
“Otros están haciendo el trabajo por nosotros”, afirmó Mendieta, al lamentar que las autoridades nacionales no hayan logrado depurar el sistema judicial y otras instituciones estatales de presuntas redes de corrupción y alianzas con el narcotráfico.
El analista consideró preocupante que sea un gobierno extranjero el que adopte medidas contra funcionarios y exfuncionarios bolivianos, mientras en el país persisten cuestionamientos sobre la capacidad de las instituciones para investigar y sancionar posibles irregularidades.
Una advertencia para la justicia y la política
Mendieta calificó como un “grave precedente” que una lista estadounidense incluya a jueces, fiscales y parlamentarios bolivianos señalados por presuntos vínculos con la corrupción y el narcotráfico.
También se refirió a los diputados Rafael López, de la Alianza Libre, y Rolando Pacheco, de Alianza Popular, cuyos nombres aparecen en la nómina. A su juicio, su inclusión representa una alerta y advirtió que podrían no ser los últimos en enfrentar este tipo de medidas.
El analista sostuvo que la situación debería provocar una reacción del sistema judicial boliviano, con acciones que permitan esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades.
Las sanciones no reemplazan a la justicia boliviana
La decisión de Estados Unidos reavivó el debate sobre la independencia judicial, la lucha contra el narcotráfico y la responsabilidad de las autoridades nacionales frente a las denuncias de corrupción.
Sin embargo, las restricciones de visa son medidas migratorias adoptadas por Washington y no constituyen, por sí mismas, una sentencia penal. Los señalamientos contra las personas incluidas en la lista deben diferenciarse de los hechos que puedan demostrarse mediante investigaciones y procesos judiciales.
El desafío para Bolivia es establecer si existen elementos suficientes para investigar los casos, garantizar el debido proceso y evitar que las denuncias contra funcionarios queden sin esclarecer.
Ahoradigital
Mira también
