El ministro de Desarrollo Rural, Yamil Flores, afirmó que no existe una denuncia formal contra los representantes de la nación ficticia de los Estados Unidos de Kailsa, por los supuestos delitos de apropiación de tierras indígenas en Bolivia. Sin embargo, aclaró que el caso se investiga de oficio y que se instruyó al INRA para que se adhiera como tercer interesado en el proceso.
En una entrevista realizada por el canal estatal, Flores explicó que «este tipo de contratos y convenios son nulos de pleno derecho. La Constitución Política del Estado protege la propiedad indígena, en varios de sus artículos. Los artículos indican que los extranjeros no pueden adquirir estas tierras».
El ministro sostuvo que la normativa es clara. «El gobierno nunca ha avalado ni lo hará este tipo de contratos ocultos, que seguramente algunos malos ciudadanos que corresponden a este sector indígena pretendieron hacerlo. No tenemos una denuncia formal, pero el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía y el INRA han tomado conocimiento y acciones para sancionar este tipo de delitos».
Es más, Flores remarcó que el ministerio a su cargo ha instruido al viceministro de Tierras y al INRA que investiguen y sancionen este tipo de delitos.
Según la autoridad, «tenemos información desde Migración que estos ciudadanos no han cumplido requisitos para su estadía en el país, por lo que se están siguiendo los procesos para llegar a la deportación».
La nación ficticia en Bolivia
Kailasa, liderado por el gurú hindú Nithyananda Paramashivam, asegura ser un país con bandera, constitución, banco central y pasaporte. Aunque no tiene reconocimiento internacional, logró colarse en dos sesiones de Naciones Unidas y ha buscado establecer relaciones en Ecuador, Paraguay y Bolivia.
En el país, representantes de Kailasa firmaron actas con autoridades de los pueblos baure y cayubaba, en Beni, y con los esse ejja, en el Territorio Indígena Multiétnico 2 (TIM 2) de Pando. A cambio de pagos anuales, los convenios ofrecían arrendamientos perpetuos de hasta 390.000 hectáreas y la cesión de soberanía sobre los territorios.
Los documentos estipulan que Kailasa podrá establecer su propio sistema jurídico, controlar el espacio aéreo, exigir exenciones fiscales y manejar instalaciones dentro del territorio indígena con soberanía plena.
El Deber
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