Ivone Juárez Periodista
Abdón Gonzales Fernández, de 66 años, cenaba con su familia en un restaurante, cuando cayó al piso, muerto, por un disparo en la cabeza. Un hombre se bajó de una motocicleta, se metió al local, le disparó tres vece s y huyó. Uno de los disparos le perforó la frente… fue en cuestión de segundos. La Policía reportó que Abdón no tenía antecedentes y que pudo haber sido confundido por los sicarios, presumiblemente de nacionalidad brasileña.
Este episodio que parece sacado de una serie o telenovela se dio en San Matías, población de Santa Cruz, en agosto.
En San Julián, también región de Santa Cruz, en noviembre, un ciudadano brasileño fue golpeado y colgado en un árbol por los pobladores de la región. El hombre portaba un arma de fuego y dijo que llegó para cobrar una deuda, los lugareños sólo atinaron a matarlo ante los constantes ajustes de cuentas que soportan.
También en noviembre, dos jóvenes acusados de robar un vehículo, fueron apedreados y quemados vivos. El hecho macabro ocurrió en Uncía, centro minero de Potosí, vecino de Llallagua, donde los 15 policías destinados al lugar viven atemorizados por los comunarios, quienes imponen su ley.
Los uniformados no se atreven a acercase a Uncía. No es para menos. En 2010, cuatro de sus camaradas fueron linchados en Saca Saca, acusado de extorsión. La ley del silencio rige hasta ahora y no se encontraron a los responsables.
Estos son ejemplos de cómo se vive en al menos 12 regiones de Bolivia (ver infografía) donde el Estado está ausente, la gente hace justicia por mano propia o vive aterrorizada por los “ajustes de cuentas”: tierras sin ley.
El director de Régimen Interior Gregorio Lanza señala que se trata de regiones donde conjuncionan dos factores: una ausencia del Estado en su expresión cohercitiva (Policía y Poder Judicial) y el desarrollo de actividades “ilícitas pujantes”, como el narcotráfico.
“Esto sucede en las zonas mineras y otras donde se desarrollan actividades ilícitas pujantes que rinden altos ingresos, como el narcotráfico, la exportación de pasta base o cocaína, el ingreso de precursores o de vehículos de manera ilegal (contrabando), en muchos casos como trueque. También, en otra dimensión, está el negocio ilegal de la explotación del oro, en el que los grupos dominantes imponen su propia ley”, afirma.
Narcotráfico
De acuerdo a investigaciones policiales y periodísticas de Página Siete, el narcotráfico domina en los municipios de Magdalena, Guayaramerín y Santa Ana del Yacuma en Beni, donde clanes familiares imponen su ley y controlan absolutamente todo.
En esas regiones la presencia de las fuerzas cohercitivas del Estado es mínima.
Situaciones similares controlan en San Julián , San Matías y Yapacaní, municipios del departamento de Santa Cruz. Desde hace casi una década son consideradas zonas “rojas” por la presencia del narcotráfico y los ajustes de cuentas son pan de cada día.
Hasta noviembre de 2018, se tenían registrados al menos 14 asesinatos relacionados con “venganzas” entre quienes se dedican al transporte y los que están abocados a la venta de droga.
Foto:Página Siete archivo
Contrabando
Otra actividad ilícita que requiere tener regiones fuera del alcance del Estado es el contrabando, que en Challapata, Oruro, encontró territorio hace más de una década. Se trata de una región “exclusiva” de contrabandistas de vehículos. Allí la presencia policial es imposible.
En septiembre de este año, la Policía encontró en plena carretera a Challapata cuatro cadáveres, “apilados” uno sobre otro, envueltos en bolsas negras y cubierto con una colcha. Los restos mortales correspondían a los de cuatro hombres que fueron reportados como desaparecidos en agosto, cuando salieron de Santa Cruz rumbo a Oruro para comprar oro. Murieron por disparos de arma de fuego.
Chapare: linchamientos
“El Chapare tiene sus particularidades. La región y una parte significativa de los productores de coca se transformaron en productores de pasta base de cocaína. Ahí existe un Estado cocalero autónomo. Son los comités de vigilancia, sindicatos, federaciones y municipios que cumplen las funciones de policía, jueces, y dictadores de las normas”, afirma Gregorio Lanza.
En la región, ubicada en Cochabamba, los pobladores imponen su ley aplicando incluso la pena de muerte a personas que consideran “sospechosas” de robos u otros delitos. En 2014 se registraron 13 casos, mientras que en 2015 se presentaron cinco. Este año se denunciaron dos casos, de los cuales aún no se encuentran a los responsables. Versiones indican que sólo en Ivirgarzama, en los últimos cinco años, se supo de al menos 10 linchamientos, algunos sin denuncia.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que estos casos son resultado de una “debilidad institucional en la Policía y la justicia”, pero también debido a la falta de sanciones drásticas.
Afirmó que como la justicia no actuó con severidad en casos anteriores, “la gente se cree impune” y decide hacer justicia por mano propia”.
Pero los cocaleros no sólo aplican su ley en el Chapare, en agosto demostraron que también controlan el Polígono 7 del TIPNIS, donde impidieron, por seis horas, el paso de Comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Argumentaron que “no se les pidió permiso”.
Edson Veizaga fue linchado frente a su esposa e hija
El 29 de diciembre, 10 minutos después de las 9:00, murió Edson Veizaga, de 22 años, en la unidad de terapia intensiva de la Clínica Incor de la ciudad de Santa Cruz. Su certificado de defunción señalaba como causa de su deceso un paro cardiaco y una falla multiorgánica. Su cuerpo estaba prácticamente carbonizado.
Su hermana Lisenia lo asistió en sus últimos momentos. Cuando ya agonizaba Edson alcanzó a contarle cómo llegó a Entre Ríos, al barrio San Francisco, donde, delante de su esposa y su hija fue linchado, acusado de haber intentado vender un auto robado.
“Su cuerpo estaba completamente carbonizado, irreconocible”, lamentó Lesenia después de confirmar que su hermano murió. “Me dijo que un hombre lo contrató como chofer para ir a Entre Ríos y él aceptó”, contó la mujer.
Edson no se imaginó que en Entre Ríos encontraría la muerte más brutal. Una turba se lanzó contra él y el hombre que lo contrató, Rodrigo Carvajal, de 20 años. Los golpearon salvajemente, los bañaron con gasolina y les prendieron fuego. Rodrigo no soportó y murió en el lugar.
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Cuando la Policía intentó intervenir la turba se lo impidió, llegando incluso a quemar una de las patrullas en las se transportaban los efectivos policiales. Ese día en Entre Ríos no se reportó ni una sola denuncia de robo de vehículo.
Cuatro meses antes, el 27 de mayo, un joven también llamado Edson, él de 19 años, moría en el Hospital Viedma de Cochabamba debido a dos paros cardiacos y una falla renal provocada también por quemaduras y golpes. Edson Soria fue ajusticiado en Ivirgazama, junto a otros dos jóvenes, de 18 y 21 años, acusados de haber robado una motocicleta. Los retuvieron los mototaxistas del Sindicato Libertad, quienes los acusaron de robar motos.
Una turba los detuvo el miércoles 23, alrededor de las 17:00. Los desnudaron, amarraron a unos árboles y los golpearon con un sinfín de objetos hasta 2:00, aproximadamente, cuando la Policía logró que los autores del crimen entregaran los cuerpos de los jóvenes.
Página Siete
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