Privados de libertad y policías que cumplieron servicios en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el municipio de Viacha, de La Paz, afirman que al interior de ese recinto manda la ley impuesta por grupos de narcos brasileños. Se autodenominan “facciones” del Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho o Comando Rojo; aseguran que sus delegados manejan redes de contrabando y corrupción dentro y fuera de la cárcel.
“Ahí (en Chonchocoro) mandan los narcos de Brasil, del Comando Vermelho y del PCC. Ellos se hacen llamar ‘facciones’ y tienen espacios bien marcados. Entre ellos se cuidan, se protegen, se ayudan, pero cuando hay alguno que busca figurar por sobre los capos (cabecillas) rápido los dan la vuelta (acuchillan o matan)”, relató a Página Siete un policía que cumplió servicios en Chonchocoro y pidió que no se mencione su nombre.
Dijo que no se trata sólo de ciudadanos brasileños, sino de delincuentes de varias nacionalidades reclutados con el tiempo. “No se cierran, hay peruanos, colombianos y bolivianos; si uno demuestra que es un maleante de peso lo admiten dentro de sus facciones. Se tatúan para identificarse, tienen murales con esos dibujos”, reveló la fuente.
Explicó que, según los códigos de estos grupos de poder, cuando el reo es reclutado por el PCC o el Comando Vermelho, sus líderes les aseguran “trabajos” cuando obtienen su libertad. Además, financian la vida de sus integrantes fuera del penal, pero con la terrible condición de que cuando reciben la ayuda “les pertenecen, ya no pueden renunciar, deben ir como sicarios o a cumplir la orden que les den”, cuenta el oficial.
La descripción de la vida al interior de ese recinto carcelario es compartida por un exfuncionario civil de Régimen Penitenciario, quien accedió a una breve entrevista con la condición del anonimato.
Contó que parte de los hechos de corrupción que ocurren al interior de los penales tiene que ver con la rivalidad entre “civiles que ingresan por política al cargo (en Régimen Penitenciario) y algunos policías que tratan de hacer bien su trabajo. Pero no se puede negar, ambos al final lucran; las circunstancias los obligan a eso, llegan a ese punto por el peligro que representan los reos y porque al tratar de controlarlos te encuentras con que el Gobierno no te da ni garantías ni recursos para implementar medidas de seguridad reales, nuevas celdas, candados, cámaras, chalecos antibalas o lugares de aislamiento para los reos extremadamente violentos, cosas que eliminen esos riesgos. El drama es tal que uno llega a la conclusión de que el privado de libertad construye y refacciona la cárcel en la que va a estar detenido y eso resta autoridad a cualquier policía”.
En entrevista con Página Siete, el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, aseguró que por medio del trabajo de grupos de inteligencia, con datos brindados por los mismos reclusos, estos grupos de poder fueron desarticulados. Señaló que durante su gestión se han disminuido los hechos de violencia, como los sucedidos en años pasados, con la explosión de granadas y uso de armas blancas y de fuego entre los privados de libertad.
“Estos dos últimos años desbaratamos estos grupos de poder, no sólo en Chonchocoro, sino también en otros centros penitenciarios; hemos trasladado a otros centros a esos internos que pretenden rearticular esos grupos. Se ha identificado a sus cabecillas y se dieron sus cambios. Sólo en la gestión pasada (2022) se dieron 120 traslados por medidas administrativas, esto con el trabajo de inteligencia al interior de los penales”, explicó Limpias.
Los seguros de vida
“En cuanto llegas y te dejan solo en población se te acerca el delegado a decirte: ‘Hay que pagar el seguro de vida’. No cuenta la cara del cliente, es según el delito, te cobran entre 3.000 bolivianos y 1.000 dólares. Por ejemplo, en el caso de los violines (violadores) el seguro es para que no los violen a ellos; si no pagas te mandan a la cocina, como castigo”, relató un abogado, exrecluso del penal de Chonchocoro.
La misma fuente dijo que, en su caso, le impidieron recibir visitas y ver a su familia por un mes; se negó a pagar por segunda vez el ingreso a una sección. Finalmente, luego de amenazas contra sus seres queridos, depositó 800 bolivianos a la cuenta de la mujer de un delegado; aún guarda el comprobante virtual con los datos de la beneficiaria.
“Hay otro precio para ingresar a una sección, te dan a elegir y te explican cuál es la más peligrosa y en cuál vives con algún privilegio. En las mejores secciones están los taladros (violadores) y los narcos; hay otras secciones en las que las paredes eran de calaminas y vivían los que no pueden pagar nada, los consumidores, los tisis (enfermos)”, contó otro exprivado de libertad que este medio contactó.
Gobierno dice que no hay privilegios
Limpias negó que haya secciones de celdas con mayores privilegios que otras. Manifestó que los tres bloques de celdas que componen Chonchocoro tienen características comunes y que el hacinamiento carcelario impide que se den espacios exclusivos.
El centro carcelario fue construido en 1992 con una capacidad para 330 privados de libertad, pero ahora aloja a 682, según un último informe de la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, el director de Régimen Penitenciario afirmó que asumieron medidas para impedir los casos de extorsión de delegados hacia otros reclusos por los “seguros de vida”, incluso para frenar vejámenes cometidos contra internos, denunciados por familiares de las víctimas. Señaló que varios de esos representantes también fueron trasladados a otros recintos y que los nuevos delegados, como condición para ocupar ese cargo, ahora deben trabajar o estudiar.
“Desbaratamos ese tipo de grupos, tratamos de generar una cultura de educación y trabajo al interior del centro penitenciario. Eso quiere decir que los delegados ahora son de educación o son de trabajo, ya no hay un solo delegado que mande en todo el penal”, afirmó Limpias.
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Fugas y muertes
Sin embargo, las extorsiones entre reclusos parece que no se pueden controlar. En enero, por el caso de la fuga del reo brasileño Felipe Menezez, que por más de un año logró engañar a las autoridades bolivianas con la identidad falsa de Andre Luis Xavier Da Rocha, se verificó que éste extorsionó a su compañero de celda para que un familiar suyo alquile una vivienda en Viacha, adonde pretendía huir tras escapar de Chonchocoro.
Según los datos preliminares de la Fiscalía, Menezes, que mató a un policía e hirió a otro al fugarse de una atención médica en el Hospital de Clínicas, amenazó de muerte a su compañero, quien finalmente accedió a prestar su nombre para el arriendo de la casa, donde el brasileño aseguró iban a vivir su esposa e hijos. Según la investigación policial, la fuga del peligroso reo se financió desde el exterior, se coordinó la colaboración de otros extranjeros y la entrega de las armas de uso militar que emplearon para este hecho.
Al margen de ese caso, otras cinco denuncias pusieron en la mira a Chonchocoro en los dos meses de esta gestión. La primera fue la supuesta instalación de una cámara espía en la celda del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho. El hecho fue negado varias veces por Limpias y dio por cerrado el caso luego de que se informara que la Fiscalía rechazó la denuncia.
Luego de la recaptura de Menezes, el 4 de febrero, José L. C., un privado de libertad por homicidio, intentó escapar por la noche y en medio de un clima lluvioso, camuflado con el cuero de una oveja.
Ocho días después, el 12 de febrero, Álvaro Salinas, quien cumplía condena por el macabro asesinato del universitario Anakin Tancara, fue remitido al penal de El Abra, en Cochabamba, luego de que le quitara la vida a su compañero de celda con un palo de escoba.
Salinas justificó la acción violenta como un acto de defensa propia, pues el otro reo supuestamente intentó violarlo. El último hecho de sangre se registró el lunes de Carnaval, se trata del presunto suicidio de dos reos al interior de uno de los talleres de Chonchocoro, caso que aún está en investigación, pero ha generado tantas dudas que la Defensoría del Pueblo anunció una inspección a todos los recintos carcelarios.
Negocio telefónico
Las fuentes consultadas por Página Siete también detallaron que los grupos de poder dirigidos por cabecillas brasileños mueven grandes cantidades de dinero por medio de cuentas virtuales, además que coordinan atracos y estafas realizadas por medio de celulares.
“Tienen cuentas de TigoMoney, en un minuto mueven miles de bolivianos para pagar cualquier cosa que un policía pida o que Régimen Penitenciario les pida. Así logran mover todo lo que recaudan con los seguros de vida y los aportes que obligan a dar”, contó un policía.
Pero el dato más controvertido que brindó el uniformado entrevistado fue el de las medidas de intimidación que los reclusos peligrosos imponen para frenar los controles carcelarios.
“Cuando llegó un nuevo gobernador al penal hizo una inspección, encontró varias cosas prohibidas. Repitió esto dos veces, pero la tercera vez que quiso repetir, los policías lo convencieron de no ser tan estricto y no avanzar contra los brasileños. Lo llevaron al baño de la sección E y le mostraron que los maleantes habían pintado los nombres completos, número de celular y otros datos de los policías, como una advertencia”, relató el uniformado.
Datos de la cárcel
Ubicación • La cárcel de máxima seguridad de San Pedro de Chonchocoro se encuentra en el municipio de Viacha, a 30 kilómetros de La Paz. Está a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.
Inversión • El recinto funciona desde 1992, su construcción tuvo un costo de un millón de dólares, con capacidad para 330 reclusos.
“En cuanto llegas y te dejan solo en población se te acerca el delegado a decirte: ‘Hay que pagar el seguro de vida’”.
Exrecluso de Chonchocoro
Régimen Penitenciario gestiona el cambio de “filosofía”
Policías ven como un castigo ir de guardia a las cárceles
Policías destinados a la guardia en cárceles, como parte de Régimen Penitenciario, consideran esa labor como un castigo, en el que se ven obligados a sobrellevar riesgos personales por el contacto con los reos peligrosos, actos de corrupción y las malas condiciones de trabajo, con turnos de hasta siete días. Denuncian que hay un círculo vicioso de extorsiones por los cambios de destino.
“Estaba destinado en la Fiscalía de Santa Cruz, nos tocó un caso de volteo de drogas que involucraba a un coronel y su pareja. En un momento del proceso su abogado organizó una reunión y apareció este coronel para ordenar, ni siquiera pedir, ordenar que borre informes forenses. Me negué y lo denuncié a él y a su abogado, pasó una semana y llegó la orden de mi cambio de destino a Régimen Penitenciario en Potosí”, relata un suboficial sobre su experiencia hace un par de años.
Luego de pagar para que lo destinen a La Paz, en 2020 comenzó a trabajar en un centro penitenciario y la emergencia sanitaria por el Covid -19 lo llevó a aceptar ofrecimientos de delegados de los reclusos. “Ningún beneficio para mí, todo era para mantener las condiciones de salud y limpieza en el penal, así que recibí materiales comprados por los internos, pero al final resultó que los superiores y la gente de Régimen Penitenciario lo hicieron aparecer como un aporte suyo”, lamentó el mismo uniformado que pide reserva de su identidad.
El suboficial recuerda que los últimos dos meses de ese año y los primeros de 2021, ya en el gobierno de Luis Arce, comenzaron a cambiar a varios de sus compañeros. Algunos de ellos también hablaron con este medio y corroboraron la versión de los castigos y otros actos de corrupción relacionados al trabajo en las cárceles.
“Hay negociados con la comida (comprada con fondos de la Gobernación paceña) y la recaudación de los nuevos privados de libertad, sólo en eso se mueven miles al mes. Los delegados cobran y dan su parte a los jefes (policías) y a la gente de Régimen. Entonces, ¿ante quién podrías denunciar a tu camarada corrupto? si los superiores reciben esa plata”, afirma un oficial que también logró ser cambiado de destino luego de, según su testimonio, pagar al responsable de la Dirección de Personal, en La Paz.
Régimen busca cambios
El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, sostuvo que esto pasaba hace años y que en su gestión se trabaja para cambiar esta “cultura” y que los policías ya no vean a Régimen Penitenciario como un área donde deben cumplir su castigo por alguna falta disciplinaria. Señaló que recibe el apoyo del Comando General para realizar diferentes intervenciones al interior de los penales.
“Hemos solicitado (a la Policía) hojas de vida de gente especializada para que sean esas personas las que realicen esta labor. Que ya no sea como en años pasados, cuando el castigo era hacer custodia a un centro penitenciario; hoy en día estamos cambiando esa filosofía, es importante tener los mejores elementos para la seguridad en Régimen Penitenciario, porque eso demanda la población”, aseveró Limpias.
Dijo que también se sancionó a funcionarios civiles por denuncias de corrupción. En un caso reciente, una persona fue enviada a la cárcel con detención preventiva, luego de que verificaran su responsabilidad en cobros irregulares.
“Entonces, ¿ante quién podrías denunciar a tu propio camarada corrupto? si los superiores reciben esa plata”.
Oficial de la Policía
Página Siete
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