Ahoradigital – Cuatro personas investigadas por sus presuntos vínculos con el Primer Comando de la Capital (PCC) fueron enviadas al penal de Palmasola, en Santa Cruz, con detención preventiva por 30 días, tras una audiencia de medidas cautelares.
El abogado Jorge Sattori informó que la autoridad judicial determinó la medida contra los cuatro imputados, quienes son investigados por los presuntos delitos de asociación delictuosa y tráfico de armas.
“Se ha determinado 30 días de detención preventiva para los cuatro”, señaló el jurista, quien además indicó que se aplicó el procedimiento inmediato, debido a que el proceso se inició por un supuesto hecho en flagrancia.
Sattori cuestionó la decisión judicial y sostuvo que existen diferencias en los elementos atribuidos a cada investigado. Según explicó, solamente a uno de los imputados se le habría encontrado un arma de fuego, mientras que la defensa considera que no existen suficientes elementos para vincular a todos con los hechos investigados.
El abogado también anunció que los antecedentes serán remitidos a la Sala Penal de turno en un plazo de tres días.
El caso del contrato de sangre
La investigación se inició después de dos operativos policiales en Santa Cruz de la Sierra, que terminaron con la aprehensión de seis personas, cinco brasileños y un boliviano, presuntamente vinculadas con labores de reclutamiento para el PCC.
Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de un documento digital denominado «contrato de sangre», encontrado en el teléfono celular de Caique Pinheiro de Asís.
El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, explicó que el documento establece que los integrantes de esta organización criminal solamente pueden abandonarla con la muerte.
Durante los operativos también se encontraron armas de fuego, municiones, documentación de origen brasileño y equipos celulares que forman parte de las investigaciones.
De los seis aprehendidos inicialmente, dos fueron liberados, mientras que los otros cuatro recibieron detención preventiva por 30 días.
Las investigaciones buscan establecer el alcance de las presuntas actividades de reclutamiento y los vínculos de los sospechosos con la estructura criminal brasileña.
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