Los informes de funcionarios cuyos datos fueron hackeados para el cambio de datos en partidas de matrimonio, certificados de defunción o certificados de nacimiento en el Servicio de Registro Cívico (Sereci) de La Paz, apuntan a un abogado paceño, que realizó todos los trámites sospechosos; según los informes que entregaron, al menos, cuatro funcionarias que ahora están suspendidas.
Milton A.G.A. es el nombre del abogado que figura en todos los informes como el responsable de los trámites para cambiar nombres de los solicitantes. Los cuatro reportes que fueron expuestos revelan que es la misma persona que solicita el cambio de datos.
Las cuatro funcionarias, cuyos documentos se publicaron, tenían el cargo de “administrativo II” y eran responsables de distintas áreas. Se trata de María V.A.T., Miriam C.B.O., Paola F.R.L. y Rossio RBM, son las trabajadoras que entregaron sus informes a distintos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 18 de agosto.
Una de las funcionarias explicó que para realizar los cambios en el sistema informático se requieren de varios pasos: el usuario y la contraseña para ingresar al sistema RC-BIO, además del levantamiento de huellas. “Siendo que la huella es la única manera de ingresar a dicho sistema, mediante un formulario de solicitud, mismo que es autorizado por la TICS, previa presentación: del documento del usuario, el motivo del por qué se levantan (cambian) los datos, más la solicitud, (el) nombre del funcionario, sello y firma”, detalló Paola F.R.L. en una carta dirigida al presidente del ente electoral, Oscar Hassenteufel, según los documentos revelados por la red F10.
En todos los casos, las funcionarias relatan que los días en los que se realizaron los cambios amañados ellas estaban fuera de sus puestos de trabajo por alguna emergencia; asimismo, que la mayor parte de estas modificaciones se realizaron en julio.
El vicepresidente del máximo tribunal electoral, Francisco Vargas, declaró a EL DEBER que todos los trámites que se realizan ante distintas instancias del Sereci son personales y que si existe otra persona (un tramitador) que llega a realizar estos trámites, debe contar con un poder específico con el que pueda avanzar en su requerimiento.
En los informes que entregaron las funcionarias no se adjunta un poder, o no se menciona algún documento de esa naturaleza, en favor del abogado Milton A.G.A.; solamente existe el nombre del solicitante, el tipo de trámite que realiza y cómo quedarían los datos de la persona “solicitante”, después de su proceso administrativo.
Aunque las funcionarias cuyos patrones fueron utilizados para acceder al sistema denunciaron los hechos ilegales y pidieron la intervención de las autoridades, el TSE procedió a despedirlas y denunciarlas ante la Fiscalía. Según el ente electoral fueron 52 trámites irregulares, en los 52 figura el nombre del abogado.
El Deber
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