Uno de los policías enviados a detención preventiva por el caso de las llamadas telefónicas del exfiscal general Roger Mariaca desde la cárcel de Cantumarca, en Potosí, rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que las autoridades han afectado su dignidad al señalarlo como responsable de los hechos investigados.
«¿Por lo menos me han encontrado un boliviano? El fiscal ha indicado en esta audiencia que me ha entregado algún monto económico, no sé de qué ventaja habla el juez de la causa, es totalmente injusta la acusación que se me hace», manifestó el uniformado durante su intervención ante la autoridad judicial.
El efectivo cuestionó también al comandante departamental de la Policía de Potosí, Franklin Roger Villazón, por haberlo señalado directamente como autor del presunto hecho irregular. Según afirmó, no cometió ningún delito y considera que la medida judicial responde a una solicitud del Ministerio de Gobierno.
Dos policías enviados a prisión
La declaración se conoce después de que la Justicia dispusiera cuatro meses de detención preventiva para dos efectivos policiales investigados por presuntamente facilitar teléfonos celulares a Mariaca, quien permanece recluido en el penal de Cantumarca mientras enfrenta procesos penales.
Los policías identificados con las iniciales Josué G. M. y Noé G. F. deberán cumplir la medida en el recinto penitenciario de Uyuni. El primero se desempeñaba como asesor legal del penal y, según un informe de inteligencia, presuntamente habría facilitado su teléfono celular al exfiscal. El segundo formaba parte del personal encargado de su custodia.
En el mismo proceso, otros tres efectivos recibieron detención domiciliaria con custodia policial y medidas cautelares personales.
Investigan llamadas desde la cárcel
El caso se conoció después de que un informe de inteligencia alertara sobre presuntas llamadas realizadas desde el lugar de reclusión de Mariaca hacia distintos puntos del país.
Aunque una requisa inicial no permitió encontrar un teléfono celular en la celda del exfiscal, las investigaciones apuntaron a funcionarios policiales que tenían acceso al detenido y que presuntamente habrían facilitado sus dispositivos.
El Ministerio Público busca establecer con quiénes se comunicó Mariaca y si esas conversaciones pudieron servir para ejercer tráfico de influencias o entorpecer las investigaciones en su contra.
Por ahora, las responsabilidades individuales deberán establecerse durante el proceso judicial. Mientras uno de los policías sostiene que la acusación es injusta, la Fiscalía deberá sustentar los indicios que motivaron la imputación y las medidas cautelares.
Ahoradigital
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