Luego de los millonarios desfalcos identificados en las oficinas regionales de Derechos Reales en Santa Cruz y Beni, el Consejo de la Magistratura ajustó el acceso al Sistema Nacional de Registro Público (Sinarep) y solicitó a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) una evaluación exhaustiva del sistema informático.
“Uno de los principales cambios introducidos es la eliminación del acceso directo de los administradores de distrito a la base de dato de Derechos Reales. En su lugar, todas las modificaciones en el sistema se centralizarán en Sinarep Administrador, garantizando que solo se realicen con la autorización de la Oficina Nacional a través de un flujo controlado y auditable”, informó el Consejo de la Magistratura.
Este nuevo esquema de trabajo permitirá mayor seguridad, trazabilidad y control, minimizando los riesgos de modificaciones no autorizadas y reduciendo la posibilidad de errores humanos.
También solicitó a la Agetic una evaluación exhaustiva del sistema informático de Derechos Reales para identificar vulnerabilidades en la plataforma digital y fortalecer la seguridad del sistema, para prevenir futuras irregularidades y garantizar mayor protección a los datos registrales.
En enero se denunció una red de corrupción que había realizado la manipulación informática en Derechos Reales de Santa Cruz con una afectación de cerca de Bs 2 millones, según la directora de la Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Mirtha Mejia.
Por entonces, el presidente del Consejo de la Magistratura (CM), Manuel Baptista, explicó que una funcionaria en la ventanilla para adultos mayores cobraba “dinero en efectivo, sin dar ningún tipo de recibo”.
“Estaba a cargo de 38 carpetas, en las que realizaba la manipulación informática, causando un desfalco de dinero a través de Derechos Reales y la DAF”, precisó Baptista.
Mientras en Beni se identificó hace unos días a funcionarios de Derechos Reales que realizaron ajustes sin autorización en los documentos.
La denuncia la presentó la Representación Distrital del Consejo de la Magistratura del Beni. De acuerdo con el cuadernillo de investigación, el registrador de Derechos Reales de Beni, Freddy Germán S.Á., habría ordenado la eliminación del asiento A-5, donde se registraba el derecho propietario de la empresa Amazonas, sin autorización de una autoridad competente.
Esta acción, ejecutada en febrero de 2024, presuntamente tenía el objetivo de favorecer a otra empresa, generando un daño económico superior a los Bs 6 millones. En septiembre del mismo año, tras conocer la denuncia de la empresa afectada, el funcionario habría ordenado la reapertura del registro en un intento de revertir la eliminación previa.
Víctor Elio V., encargado de informática del Consejo de la Magistratura, también está involucrado en el hecho.
El Ministerio Público formalizó la imputación contra S.Á. por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, tipificados en los artículos 146, 154 y 156 del Código Penal.
Ambos guardan detención preventiva por seis meses en el penal de Mocoví.
Los funcionarios involucrados en los ilícitos fueron destituidos.
Además, se inició procesos sumarios contra registradores y subregistradores de Derechos Reales para aplicar las sanciones correspondientes.
Y para recuperar los fondos afectados, se solicitó la anotación preventiva de bienes de los funcionarios investigados.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, algunos registradores continúan en sus cargos, incluso estando en prisión, debido a la espera de la conclusión de procesos administrativos internos o de una sentencia judicial.
ABI
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