El diputado de Alianza Popular, Rolando Pacheco, denunció una serie de supuestas amenazas y persecuciones contra funcionarios públicos que intentaron actuar con honestidad en el caso del decomiso de casi 200 kilogramos de oro en el aeropuerto de Viru Viru.
Según el legislador, existen trabajadores de la Aduana que están siendo coaccionados para alterar informes oficiales sobre lo ocurrido el día del operativo.
Pacheco reveló por medio de Correo Play que a los funcionarios denunciantes se les advirtió que en caso de no firmar los presuntos informes falsos, los correrían de sus puestos y estarían sujetos a procesos. El legislador lamentó que, en lugar de proteger a quienes hicieron un trabajo transparente, se busque sancionar al personal que “les fregó el negocio” a las redes de corrupción, intentando incluso iniciarles procesos penales para encubrir las irregularidades.
En cuanto a los responsables del cargamento, valorado en aproximadamente 25 millones de dólares, el diputado afirmó que el joven detenido es simplemente un “palo blanco”. Pacheco aseguró tener indicios sobre el verdadero dueño del metal, a quien calificó como un “pez gordo”, y anunció que no guardará silencio. “Lo vamos a hacer público y lo incluiremos en mi demanda penal”, señaló, evitando dar nombres por el momento para no contaminar la investigación.
La ofensiva legal del parlamentario no se limita a denuncias públicas, Pacheco informó que ya existen 10 procesos penales en camino y cinco personas aprehendidas por diversos casos de corrupción en instituciones estatales.
En esta oportunidad, confirmó la presentación de una nueva demanda penal dirigida específicamente contra el Senarecom, la Policía Boliviana y la Aduana, instituciones que, según su análisis, actuaron en complicidad para facilitar el contrabando de oro.
El legislador describió el hallazgo de las maletas como la “punta del iceberg” de una gigantesca roja que permite la salida de toneladas de oro sin pagar regalías ni impuestos. Denunció además la existencia de una supuesta llamada tripartita entre altos mandos de las instituciones involucradas el día del decomiso, cuyo objetivo habría sido liberar a los cómplices detenidos y tapar los actos irregulares.
Pacheco reiteró la necesidad de institucionalizar los cargos públicos para evitar el “cuoteo” y la venta de puestos, asegurando que continuará fiscalizando hasta que los responsables del daño económico al Estado respondan ante la justicia. Para el diputado, la permanencia de ciertas autoridades en sus cargos, pese a las múltiples denuncias, sugiere una complicidad estructural que llega incluso a las esferas más altas del Gobierno.
Correo del Sur
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