La reciente incautación de 189 kilos de oro en el aeropuerto de Viru Viru no es solo un caso de contrabando, sino la punta del iceberg de una estructura compleja donde convergen el crimen organizado y circuitos financieros internacionales.
Según Alfredo Zaconeta, experto en minería del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), la actividad aurífera en Bolivia se divide en tres categorías: informal, ilegal e ilícita, siendo esta última la más grave por su vínculo con redes criminales internacionales.
El mercurio y el vínculo con el crimen.
Uno de los pilares de esta red ilícita es el tráfico de mercurio. Zaconeta precisó que, aunque en 2022 se aprobó un decreto para registrar su importación en cumplimiento del Convenio de Minamata, la norma nunca se reglamentó por falta de consenso con las cooperativas mineras. Esto provocó que, desde 2023, no existan registros legales de importación, permitiendo que el insumo ingrese masivamente vía contrabando.
La gravedad del asunto radica en el origen de este mercurio, investigaciones internacionales citadas por el experto vinculan la provisión del químico con yacimientos y empresas asociadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, organización ligada al narcotráfico en México.
Bolivia se convirtió en un centro de redistribución, con una parte del mercurio que se queda para la producción local de oro y la otra se envía ilegalmente hacia Brasil y Perú.
Falta de dólares al capital externo
La crisis de divisas en Bolivia transformó radicalmente la forma en que se financia la minería. Ante la escasez de dólares, el flujo de oro peruano que antes entraba a Bolivia para ser comercializado se detuvo, y ahora es el oro boliviano el que se vende por vías irregulares.
Zaconeta explicó en Correo Play que muchas cooperativas, al evitar los créditos estatales o bancarios, recurren a vías informales de financiamiento externo. Es aquí donde entran capitales privados de origen chino, colombiano y peruano.
Además, operan grandes comercializadoras que captan recursos de compradores extranjeros —principalmente de los Emiratos Árabes Unidos— para dar anticipaciones a las cooperativas y asegurar la producción. “Presumo que esta incautación en Viru Viru, que tenía como destino Dubái, era dinero de Emiratos Árabes”, señaló el investigador.
Este sistema de financiamiento opaco fue de la mano con un cambio en los destinos de exportación. Hace una década, el mercado principal era Estados Unidos, pero ese país comenzó a exigir estrictas políticas de trazabilidad y debida diligencia para asegurar que el oro no proviniera de zonas de conflicto o desastres ambientales.
En lugar de fortalecer sus controles para cumplir con estas exigencias, Bolivia optó por cambiar de clientes. Actualmente, el oro boliviano fluye hacia los Emiratos Árabes e India, mercados que, según Zaconeta, parecen no tener interés en las condiciones sociales o ambientales bajo las cuales se explota el mineral.
El experto advirtió que mientras no exista una Ley del Oro integral que establezca una trazabilidad real, Bolivia seguirá siendo un nodo estratégico para un negocio donde la riqueza nacional se diluya en manos de redes criminales y capitales extranjeros.
Correo del Sur
Mira también
