“Mi cabeza tiene precio. Dicen que me van a matar. Ofrecieron 60 mil dólares. Cuídense, por favor”. Esas palabras, Remberto López H. las refirió hace unos días a sus familiares durante una llamada desde la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz. Ayer, el fiscal Luis Alberto Hurtado informó que dos reclusos brasileños, presuntos miembros del Comando Vermelho, admitieron el crimen y aseguraron que actuaron por “encargo”.
Remberto fue ingresado a Palmasola hace casi dos semanas, el 15 de noviembre, tras la decisión de un juez el 12 de imponerle detención preventiva en esa cárcel por el asesinato del juez Wilber Marcial Cruz Arancibia, del cual lo señalaban como “autor intelectual”. Antes, desde mayo de 2023, estaba recluido en el penal de San Pablo de Quillacollo por casos de secuestros y extorsiones en el Trópico de Cochabamba, hechos que, según los investigadores, fueron perpetrados por la banda liderada por su hermano Nabor López H., de la cual Remberto presuntamente también formaba parte.
Su hermano también fue asesinado en enero de este año por un recluso brasileño en la cárcel de San Pedro de Chonchocoro, en La Paz. Ambos hermanos murieron a tiros, un hecho que llama la atención, ya que en teoría ningún privado de libertad puede acceder a un arma de fuego.
ASESINADO A TIROS EN UN BAÑO
Un recluso brasileño mató ayer por la mañana a Remberto en el baño del PC-7. Según el fiscal, recibió dos disparos con un arma calibre nueve milímetros; uno en la sien, con orificio de entrada y salida, y otro en el pómulo, con orificio de entrada.
El autor fue identificado como Caiqui Lima Silva (27), quien en 2019 fue procesado por robo agravado y tentativa de asesinato. Después, en el Centro de Readaptación Santo Domingo de Cantumarca, en Potosí, asesinó a puñaladas a su compañero Enrique E.Q., por lo que fue sentenciado a 30 años de cárcel en septiembre de 2020.
El otro sindicado también es brasileño. Oscar Junior Terra Días, procesado por homicidio, estaría vinculado al caso por presuntamente facilitar el arma de fuego y las municiones. Ambos ya se conocían, pues en 2019 reportaron la fuga de los dos y un tercero del penal de Morros Blancos, en Tarija. Fueron recapturados y, tras un tiempo, se reencontraron en Palmasola.
TEMÍA POR SU VIDA Y LO DEJÓ EN VIDEO
Poco antes de su traslado a Palmasola, el 13 de noviembre, Remberto grabó un video en el que negaba estar involucrado en el asesinato del juez, ocurrido el 7 de noviembre. En ese hecho, la víctima se encontraba con su hijo adolescente en su vehículo, detenido en un semáforo de la calle Diego Almagro y avenida D’Orbigni, en Cochabamba, cuando una moto con dos ocupantes los alcanzó y disparó tres veces al magistrado, provocando su muerte.
En la grabación, Remberto afirmó que el juez asesinado le había concedido la libertad en julio, dando a entender que no tenía nada en su contra. Sin embargo, sostuvo que luego le armaron otro caso que impidió su salida. Apuntó a personas del Trópico y mencionó al menos cuatro nombres, alegando que eran quienes decían ser víctimas de secuestros y que buscaban acabar con su vida.
APUNTAN A GENTE DEL TRÓPICO LIGADA AL NARCO
En puertas de Palmasola, sus familiares aseguraron ayer que las amenazas eran constantes, aunque no conocían los motivos de fondo. Estas amenazas no solo apuntaban a Remberto, sino también a ellos, obligándolos a cambiar de domicilio por al menos cinco veces.
Por mensajes, les prohibían visitar a Remberto, y la comunicación con él era generalmente por llamadas. Además, señalaron a personas del Trópico, presuntamente vinculadas a grupos de narcotráfico, quienes también serían responsables del asesinato de Nabor. Descartaron que se trate de un “ajuste de cuentas” con grupos como el PCC u otros similares.
Hugo Iriarte, abogado de la familia de Remberto, rechazó que organizaciones extranjeras estén detrás del asesinato. Señaló a personas que se declararon víctimas y cuyo abogado acusó al Tribunal de Villa Tunari, donde trabajaba el juez Cruz, de corrupción, y que además estarían vinculadas al narcotráfico. Añadió que en unos días revelará sus identidades.
También mencionó que el abogado de Nabor, con oficina en el Trópico, en cierto momento recibió amenazas. Cámaras de vigilancia captaron cuando dos hombres en moto llegaron a su estudio y le mostraron un arma de fuego. Según Iriarte, esas personas tienen características físicas muy similares a las de los que asesinaron al juez semanas atrás.
Para él, la versión de que su cliente hubiera participado intelectualmente en el crimen del magistrado se derrumbó tras su asesinato. Aseguró que había personas interesadas en que Remberto fuera trasladado a otro penal para acabar con su vida.
HIPÓTESIS DEL CRIMEN DEL JUEZ
La investigación por el caso del juez continúa en reserva. Los abogados Jhon Rioja y Lurwyn Ledezma plantearon sus hipótesis. Rioja dijo que el magistrado recibió dos llamadas: en la primera, le ofrecieron dinero a cambio de liberar a un hombre recluido por un caso de violencia sexual contra una niña de cinco años, vinculado además a la banda que antes lideraba Nabor; el juez se negó. En la segunda, lo amenazaron de muerte a él y a su hijo.
Ledezma sostuvo que el juez fue asesinado por no cumplir con el trato de liberar a Remberto. El caso puso la mira sobre dos privados de libertad: el otro, que también fue presentado ante un juez el 12 de noviembre junto con Remberto, es Elvis Villarroel, quien según las autoridades sería hermano del sucesor de Nabor, Ariel Villarroel. A Elvis lo trasladaron de San Sebastián Varones a El Abra.
LA CAÍDA
Mira también
En mayo de 2023, la Policía aprehendió a los hermanos Nabor y Remberto López H., junto a Alfredo R.M. y Mateo R., por presunta vinculación con secuestros en el Trópico. Tres de ellos murieron: a Alfredo lo asesinaron el 1 de noviembre en el barrio Paraíso de Entre Ríos. Había conseguido detención domiciliaria.
En junio de 2024, capturaron a Elvis Villarroel, vinculado a secuestros.
Fuente: Opinión
