Ahoradigital – La investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas contra Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, abrió una nueva línea relacionada con exfuncionarios de YPFB y un supuesto esquema de blanqueo de capitales.
El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Yamil García, informó que durante las investigaciones se identificaron movimientos patrimoniales y financieros que, según la autoridad, deben ser esclarecidos.
Entre los elementos mencionados figura la adquisición de un predio de más de 500 hectáreas en Villamontes, Tarija, además de vehículos de alta gama como un BMW 2025 y una Toyota Land Cruiser 2021.
La investigación también identificó transacciones económicas hacia Uruguay y la construcción de un edificio en Santa Cruz con más de 50 departamentos, según los datos expuestos por García.
Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es la presunta participación de personas que habrían actuado como “palos blancos” o testaferros. Entre los investigados se encuentra un exfuncionario de YPFB que habría trabajado en la estatal petrolera hasta noviembre de 2025.
Durante los allanamientos realizados en diferentes domicilios se encontraron documentos con membrete de YPFB, memorias y dispositivos electrónicos pertenecientes a la empresa estatal. Para el Viceministerio de Transparencia, estos elementos podrían ayudar a establecer qué relación tuvieron los exfuncionarios con las decisiones administrativas y financieras investigadas.
“Hay una vinculación entre YPFB con este tipo de manejos económicos”, sostuvo García, quien remarcó que la investigación deberá determinar el alcance de esa relación y cómo habría operado el supuesto esquema.
El caso también generó cuestionamientos contra el juez Juan José Quiroz, quien otorgó a Marcelo Arce detención domiciliaria y fijó una fianza de Bs 200.000. García expresó su preocupación porque las medidas sustitutivas, según su criterio, podrían dificultar el rastreo del dinero y la investigación sobre otros involucrados.
La investigación se desarrolla mientras YPFB permanece bajo intervención estatal. Un informe oficial presentado en septiembre identificó más de 70 casos sujetos a procesos penales y diversas irregularidades en la cadena de distribución y comercialización de combustibles.
Por ahora, las autoridades continúan con el rastreo de bienes, movimientos financieros y posibles vínculos entre los investigados, mientras corresponderá a la justicia determinar responsabilidades individuales dentro del proceso.
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