Ahoradigital – El vicepresidente Edmand Lara pidió respetar el debido proceso y la institucionalidad boliviana frente a las acusaciones de Estados Unidos contra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y cuestionó que una autoridad pueda ser apartada únicamente por aparecer en una lista de un gobierno extranjero.
“No podemos condenar ni apartar a una autoridad boliviana simplemente porque un gobierno extranjero la incluya en una lista. Una lista no es una sentencia y una acusación no sustituye a las pruebas”, afirmó Lara mediante un comunicado difundido en redes sociales.
El vicepresidente sostuvo que, si existen elementos que comprometan a Mariaca, estos deben ser presentados y sometidos a una investigación conforme a la Constitución y las leyes bolivianas.
“Si existen elementos contra el Fiscal General, que se presenten y que se investigue conforme a la ley”, señaló.
Lara aclaró que su posición no implica una defensa personal del Fiscal General. “No defendemos personas; defendemos el debido proceso y la institucionalidad”, afirmó.
Sus declaraciones se producen después de que Estados Unidos incluyera a Mariaca entre las autoridades y exautoridades bolivianas a las que restringió el ingreso a su territorio, en medio de acusaciones relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico y corrupción. Mariaca rechazó las acusaciones y afirmó que continuará al frente de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público.
El pronunciamiento de Lara también cuestionó el tratamiento del caso Fernando Cerimedo. El vicepresidente pidió que las investigaciones alcancen a todos los involucrados, sin privilegios ni excepciones, pero siempre con pruebas y respetando el debido proceso.
El debate sobre la permanencia de Mariaca en el cargo también llegó a la Asamblea Legislativa. Algunos legisladores pidieron que el Fiscal General se aparte para facilitar una investigación, mientras que el Gobierno señaló que cualquier eventual cambio debe seguir los procedimientos correspondientes en el Legislativo, instancia que designó a la máxima autoridad del Ministerio Público.
Mientras tanto, el Ejecutivo anunció que solicitará información oficial a Estados Unidos sobre los fundamentos de las acusaciones, en tanto que el propio Gobierno calificó las denuncias como graves y pidió que sean esclarecidas con evidencia y mediante cooperación internacional.
El pronunciamiento de Lara instala así una posición clara dentro del debate: las acusaciones deben ser investigadas, pero cualquier decisión sobre la responsabilidad o permanencia de una autoridad debe sustentarse en pruebas y seguir los procedimientos establecidos por la legislación boliviana.
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