La confesión de dos reclusos brasileños, la revelación de un supuesto “encargo”, las líneas que buscan establecer el móvil del asesinato y las hipótesis sobre cómo ingresó el arma de fuego marcan la investigación. A Remberto López H., procesado por el asesinato de un juez, lo mataron el miércoles por la mañana en la cárcel de Palmasola con dos disparos: uno en la sien y otro en el pómulo. Desde ayer es velado en Cochabamba: primero en un salón de la avenida Humboldt, pero luego, presuntamente por amenazas, retiraron el cuerpo y lo llevaron a otro lugar. Su entierro está programado para hoy.
Remberto fue trasladado del penal de San Pablo de Quillacollo, en Cochabamba, a Palmasola, en Santa Cruz, donde ingresó el 15 de noviembre. 11 días después, lo hallaron muerto en un baño del PC-7.
CONFESIÓN DE DOS EXTRANJEROS Y SE PERFILAN LOS MÓVILES
Los autores fueron identificados rápidamente: Lima Silva Caiqui, de 28 años, como autor material, y Óscar Junior Terra Díaz, de 38, quien proporcionó el arma de fuego y las municiones; ambos son de nacionalidad brasileña. Según el fiscal Luis Alberto Hurtado, ellos declararon ser miembros del Comando Vermelho y afirmaron haber actuado por “encargo”, sin revelar quién lo habría ordenado, aunque insinuaron que la víctima tenía una rencilla previa con esa persona.
Esa no es la única hipótesis. El comandante de la Policía de Santa Cruz, Rolando Rojas, indicó que, según la investigación preliminar, se trataría de un “ajuste de cuentas”, porque Remberto habría incumplido una entrega relacionada con drogas. Por su parte, los familiares de la víctima acusan a un grupo que vive en el Trópico, presuntamente vinculado al narcotráfico, y que habría pagado 60 mil dólares por el asesinato.
El abogado de la familia de Remberto, Hugo Iriarte, sostiene que los autores intelectuales del asesinato son los mismos que ordenaron el crimen del juez y que desde hace tiempo intimidan a los familiares de la víctima. Exige que la investigación avance y que los autores confesos identifiquen a quien o quienes hicieron el “encargo”.
Ambos internos manifestaron su intención de acogerse a un juicio abreviado, el cual se prevé que se instale hoy por la mañana. Lima ingresó a Palmasola el 10 de julio de 2020, tras asesinar a un hombre en la cárcel de Cantumarca de Potosí, delito por el que recibió 30 años de prisión. Óscar llegó al penal el 19 de abril de 2024 por intentar matar a una persona. Ambos ya se conocían: en 2019 se fugaron juntos del penal de Morros Blancos de Tarija, pero la Policía los recapturó y, años después, volvieron a coincidir en la cárcel cruceña.
LAS RUTAS QUE PUDO SEGUIR EL ARMA
Se investiga cómo ingresó el arma de fuego al penal. El director de Régimen Penitenciario, Fernando Camacho, informó que manejan varias hipótesis: que el arma ingresó por partes (piezas) y fue armada dentro del recinto, que la lanzaron desde el exterior o que entró con apoyo de algún funcionario civil o policial. Todas esas líneas siguen bajo investigación.
LA CAÍDA
En mayo de 2023, la Policía aprehendió a los hermanos Nabor y Remberto López H., junto a Alfredo R. M. y Mateo R., por su presunta vinculación con secuestros en el Trópico. A tres de ellos los mataron. Además de Remberto, su hermano Nabor fue asesinado en enero de este año en la cárcel de Chonchocoro, en La Paz, también por un disparo efectuado por otro privado de libertad. Alfredo salió de prisión y estaba en Entre Ríos cuando, el 1 de noviembre, lo asesinaron a tiros.
Según la Policía, Nabor López lideraba una banda dedicada a secuestros, extorsiones y asesinatos que operaba en el Trópico de Cochabamba. Tras su captura, los investigadores señalaron a Ariel Villarroel como su sucesor dentro de la organización “Nuevo Amanecer”, cuyo hermano Elvis fue detenido en junio de 2024 por los mismos delitos.
CRIMEN DE JUEZ
Por el asesinato del juez, cometido el 7 de noviembre, las sospechas de autoría intelectual recayeron en Remberto López y en Elvis Villarroel. Este último estaba recluido en la cárcel de San Sebastián Varones y, después de su audiencia, fue trasladado de forma preventiva a El Abra.
La investigación permanece en reserva. Ayer, la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) y la Asociación de Magistrados de Chuquisaca (Amach) solicitaron un informe a la Fiscalía General del Estado sobre el caso del juez, porque – según la presidenta de Amabol, Grenny Bolling – el proceso está “paralizado”.
Fuente: Opinión
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