Una comisión de fiscales inició la investigación sobre la caza ilegal de jaguares en San Matías, Santa Cruz, y ha solicitado cooperación internacional para identificar a otros posibles cómplices o encubridores, informó el fiscal departamental, Alberto Zeballos.
El caso, que involucra los delitos de biocidio y destrucción de bienes del Estado, salió a la luz tras un reportaje de la revista Nómadas, que denunció a la empresa argentina Caza & Safaris Argentina por organizar expediciones ilegales en el oriente boliviano.
La compañía, liderada por Jorge Néstor Noya, ofrecía paquetes de hasta $us 50.000 para cazar jaguares en áreas protegidas desde la década de los 80 del siglo pasado.
Jaguares
Zeballos confirmó que dos personas han sido identificadas hasta el momento: el argentino Noya y otro ciudadano de nacionalidad española.
“La comisión de fiscales está realizando una investigación exhaustiva para determinar si hay más autores, cómplices o encubridores. Con seguridad, serán identificados en la labor conjunta con la Policía”, aseguró en conferencia de prensa.
El fiscal también añadió que se pidió conocer la actividad migratoria de los dos identificados, para conocer cómo ingresaron al país.
Además, la Fiscalía solicitó información al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para determinar si los crímenes ocurrieron en propiedad privada o en una reserva nacional.
También se ha pedido a las autoridades de Argentina y España antecedentes penales de los implicados para verificar si enfrentan procesos por biocidio o tráfico ilegal de fauna en sus países.
El caso generó indignación en sectores ambientalistas y organizaciones de protección de la vida silvestre, quienes exigen justicia y mayor control para evitar que Bolivia se convierta en un destino de caza ilegal.
Zeballos explicó que el jaguar es una especie vulnerable que se encuentra en peligro de extinción en el territorio nacional, por lo que la Constitución exige su protección y preservación.
La Razón
