Ahoradigital.- El exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli aseguró este viernes que permanecerá en Bolivia para enfrentar la investigación por el caso de la denominada “gasolina basura” y sostuvo que su objetivo es esclarecer lo ocurrido y llegar a la verdad, después de abandonar las celdas policiales donde permaneció durante tres días.
Medinaceli salió de dependencias policiales luego de que el Juzgado Sexto Anticorrupción de La Paz determinara que deberá cumplir detención domiciliaria, además de otras medidas cautelares y una fianza de Bs 100.000.
Al salir, el exministro pronunció una de sus declaraciones más contundentes desde que comenzó el proceso:
“Estoy aquí presente para cualquier investigación que se quiera hacer. Yo no me voy. La cosa es esclarecer los hechos y encontrar la verdad”.
Medinaceli recordó además que antes de asumir funciones en Bolivia se encontraba trabajando en Colombia.
“Vine al país a trabajar. Trabajaba en Colombia. Ahí estaba muy tranquilo. Vine acá con el reto de quitar el subsidio”, manifestó.
Medinaceli niega haber autorizado la comercialización
Uno de los principales argumentos de defensa del exministro se concentra en la Resolución Administrativa 041, documento que forma parte de la investigación.
Medinaceli negó que mediante esa resolución hubiera autorizado la comercialización de la gasolina cuestionada.
Según su versión, la disposición permitió el desprecintado de los tanques para realizar el tratamiento del producto, pero no autorizó que ese combustible fuera posteriormente distribuido y vendido a la población.
Durante su audiencia cautelar, Medinaceli se declaró inocente y reiteró precisamente esta diferencia entre desprecintar el combustible para tratarlo y autorizar su comercialización.
Este punto será probablemente uno de los aspectos centrales que deberán esclarecerse durante la investigación.
Apunta a las responsabilidades operativas de YPFB y la ANH
La defensa de Medinaceli plantea además una discusión sobre quién tenía la responsabilidad directa de controlar y eventualmente detener la distribución del combustible.
El exministro sostuvo que la supervisión correspondía a las instancias operativas de YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
También afirmó que durante su gestión pidió suspender contratos de provisión mientras se solucionaba el problema con el combustible observado.
Esta línea coincide parcialmente con el argumento planteado días atrás por el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos, quien salió públicamente en defensa de Medinaceli.
Ríos calificó al exministro como un “chivo expiatorio” y sostuvo que el Ministerio de Hidrocarburos no es la institución que comercializa el combustible.
“El Ministerio no comercializa, es YPFB la que lo hace y la ANH es la que controla la calidad”, escribió Ríos.
¿Qué acusa la Fiscalía?
La posición del Ministerio Público es diferente.
La Fiscalía imputó a Medinaceli por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Según la investigación fiscal, el exministro habría omitido adoptar medidas extraordinarias para detener la distribución del combustible que presentaba problemas de calidad.
La Fiscalía identificó además tres aspectos que considera que fueron omitidos durante la gestión de Medinaceli, elementos que forman parte de la imputación y que deberán ser contrastados con los argumentos presentados por la defensa durante el proceso.
Por tratarse de una investigación en curso, estos señalamientos corresponden a la tesis del Ministerio Público y todavía deberán ser probados ante la Justicia.
El caso afectó a miles de vehículos
El denominado caso de la “gasolina basura” adquirió dimensión nacional después de las denuncias de propietarios de vehículos que reportaron fallas mecánicas presuntamente relacionadas con combustible fuera de especificaciones.
Mira también
Un informe legislativo señaló responsabilidades de diferentes exautoridades y funcionarios de YPFB, la ANH y el Ministerio de Hidrocarburos, entre ellos Medinaceli y el también exministro Alejandro Gallardo.
De acuerdo con información publicada por El País, al menos 66.000 vehículos resultaron afectados, mientras que el Gobierno destinó alrededor de Bs 20 millones para compensaciones.
La investigación legislativa atribuyó el problema a una combinación de decisiones políticas, negligencias administrativas y fallas técnicas, aunque las responsabilidades penales individuales deberán ser determinadas dentro de los procesos judiciales correspondientes.
Detención domiciliaria y fianza de Bs 100.000
Después de permanecer tres noches en dependencias policiales, el Juzgado Sexto Anticorrupción determinó que Medinaceli podrá abandonar las celdas, pero deberá cumplir varias restricciones.
La resolución establece detención domiciliaria sin salida laboral, arraigo, presentación semanal ante las autoridades, prohibición de acudir a las instituciones involucradas en la investigación y prohibición de comunicarse con otros investigados.
También deberá pagar una fianza de Bs 100.000.
La defensa apeló la resolución y anunció que buscará modificar principalmente la prohibición de trabajar y el monto de la fianza, que considera de difícil cumplimiento.
“La cosa es esclarecer los hechos”
Con su salida de celdas, Medinaceli intenta ahora instalar públicamente su propia versión sobre lo sucedido.
Su defensa gira alrededor de tres puntos: niega haber autorizado la comercialización de gasolina fuera de especificación, sostiene que las responsabilidades operativas correspondían a YPFB y la ANH y asegura que permanecerá en Bolivia para colaborar con la investigación.
La Fiscalía, en cambio, considera que como ministro tenía responsabilidades que no habría cumplido para impedir que el combustible observado llegara al mercado.
Será la investigación la que deberá determinar hasta dónde llegaban las competencias del Ministerio de Hidrocarburos y qué decisiones fueron adoptadas por YPFB, la ANH y las diferentes autoridades involucradas.
Medinaceli, por ahora, asegura que no piensa abandonar el país:
“Yo no me voy. La cosa es esclarecer los hechos y encontrar la verdad”.
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