Hay 41 tomas ilegales de tierras y bloquean para exigir titulación en Las Londras

En el país existen 41 casos de toma ilegalmente de tierras. El dato corresponde a un informe brindado ayer lunes por el Instituto Nacional de Reforma Agrario (INRA), ante los hechos de violencia registrados la anterior semana por la disputa de tierras, que derivó en el secuestro, tortura y posterior liberación de 7 periodistas que cubrían la invasión ilegal de un predio en la provincia Guarayos. Desde la entidad pidieron a los sectores en ligio bajar la tensión.

Este hecho causó conmoción en todo el país y los dardos apuntaron al INRA por no resolver el conflicto que tiende a agravarse por un bloqueo de caminos. La protesta está protagonizada por el sector de los Interculturales de San Julián, quienes mantienen bloqueada la ruta que une Santa Cruz con Beni. Este sector existe la entrega de las tierras a los campesinos que atacaron a los comunicadores. También están molestos con el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, quien aseguró que el grupo armado “tendrá que rendir cuentas” por este ataque.

En este contexto, Eulogio Núñez, director nacional del INRA explicó que este no es el único registrado en el país.

Precisó que su despacho tiene 41 denuncias por el avasallamiento de tierras en toda Bolivia, y se están atendiendo. Pero aclaró que no todos los casos denunciados pueden ser atendidos por el INRA. Además, explicó que del total de las denuncias 12 no podían ser atendidas por la entidad agraria por ser predios titulados.

“La ley dice que, si alguien sufre un avasallamiento o tráfico de tierras, corresponde que sean atendidos por un juez agroambiental, que existen en todo el país. Pero también se puede acudir a la vía penal”, señaló explicó.

La principal zona en conflicto es Santa Cruz, no obstante, aclaró que en este departamento solo resta por sanear un 10% de la tierra que tiene problemas de sobreposición con otros predios o con áreas que no pueden ser tituladas como reservas forestales y naturales.

“Pedimos que todos los litigios agrarios no se polaricen ni se genere violencia”, dijo.

Ante la tensión y el bloqueo señaló que estos problemas “no se van a solucionar con presión”.

Caso Las Londras

Sobre los hechos de violencia, por la disputa de la tenencia de Las Londras, provincia Guarayos, entre empresarios y campesinos, el director departamental del INRA, Adalberto Rojas, dijo que un informe técnico determinó que la tierra está sobrepuesta en la reserva Forestal de Guarayos.

Por este motivo ni campesinos interculturales, que secuestraron y golpearon a periodistas, ni los empresarios pueden tomar posesión física del lugar.

Para la autoridad ambos sectores han invadido “una zona no apta para la dotación de la tierra”.

No obstante, los dos bandos reclaman la tenencia del lugar.

Anteriormente, el representante legal de la empresa agrícola Jihusa, que opera dentro de las Londras, Timoteo Callejas sostuvo que la compañía tiene derecho propietario desde 1979.

“Hemos demostrado que el predio cumple la función económica y social porque tiene vocación agropecuaria, hay ganadería, terrenos preparados para sembrar en la próxima campaña de soya y sorgo”, señaló.

Mientras que los interculturales de San Julián, informaron que desde hace cuatro años están peleando por los predios en disputa.

Acusaron a los productores que reclaman la propiedad del área de ser “avasalladores” y de atacarlos.

Es más, aseguraron que no levantarán el paro hasta que el ministro Del Castillo reflexione sobre sus palabras y baje a dialogar.

Pero contrariamente, Eduardo Aguirre, secretario ejecutivo de la Federación de Interculturales, señaló que no tienen miembros de su sector asentados en la propiedad Las Londras, municipio de El Puente y pidió a los medios no relacionarlos con ese grupo.

En esa línea, Rojas aclaró que no tiene ninguna relación con el grupo armado. Esto debido que el viernes pasado llegó a una inspección en las Londras y fue recibido con aplausos por los invasores.

Lo llamativo es que fue recibido y habló con una de las personas, que fue identificada por las víctimas del secuestro, de ser uno de los líderes de los supuestos campesinos, que ahora la Policía y el propio Gobierno los menciona como grupos armados.