La Defensoría del Pueblo realizó una inspección a 45 unidades educativas en todo el país y verificó que el 73% de estas tienen deficiencias en sus infraestructuras, como rajaduras o patios en mal estado. Además, la institución lamentó que los funcionarios municipales no atiendan los requerimientos de las juntas escolares con el fin de coordinar acciones para mejorar los ambientes de las escuelas.
“En 33 unidades educativas -de 45- se han encontrado deficiencias en la infraestructura, como ser rajaduras, como en la unidad educativa El Salvador de Cochabamba o pintura descascarada, como en la unidad educativa Enrique Lindemann B, de La Paz. Nos ha llamado profundamente la atención la situación en la que se encuentra la unidad educativa Nueva Trinidad, de Trinidad, en Beni, donde no pudieron iniciar el año escolar debido a que se encuentran levantando el piso que se habría inundado en su totalidad”, reclamó Pedro Callisaya, defensor del pueblo.
La inspección se realizó el 1 de febrero, día en que se iniciaron las clases en esta gestión educativa. El personal de la Defensoría del Pueblo se desplazó a 45 unidades educativas en 18 regiones del país: las nueve capitales de departamento y nueve poblaciones intermedias, donde la institución defensorial tiene oficinas, para verificar la situación de la infraestructura, equipamiento, medidas de bioseguridad, cantidad de docentes, servicios básicos y de internet, entre otros aspectos, con la finalidad de velar por el cumplimiento del derecho a la educación con calidad.
El Defensor del Pueblo –según un boletín de la institución defensorial- también dijo que llamó la atención que el 31% de las unidades educativas (14 de 45) tengan problemas de falta de personal. Tal es el caso dela unidad educativa Rafael Bustillo del municipio de Uncía, en Potosí, donde informaron que se lleva aproximadamente 290 horas de estudio ad honorem en diferentes materias, lo que equivale a la carencia de cuatro ítems y donde los padres de familia pagan al profesor de computación.
Otro problema que apuntó Callisaya es que la verificación defensorial evidenció que en seis unidades educativas existía carencia de agua potable. En la escuela Manuel Ascencio Padilla, de El Alto, por ejemplo, no se habían instalado los sistemas de agua ni energía eléctrica o en la unidad educativa Hormando Ortiz, de Trinidad, donde se compra el agua de cisternas. Además, la escuela Cristal Mayu, de Villa Tunari, no cuenta con conexiones eléctricas, por lo que varias aulas no cuentan con luz eléctrica.
El Deber
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