Luego de seis semanas de bloqueos de carreteras en el país, la Confederación Boliviana de Pacientes con Cáncer se declaró en estado de emergencia ante la imposibilidad de cientos de personas de acceder a tratamientos y controles médicos.
La presidenta de la organización, Edmy Zeballos, denunció que la interrupción de las vías está vulnerando el derecho a la salud y “sentenciando a muerte” a pacientes que dependen de protocolos oncológicos estrictos que no admiten postergaciones.
Zeballos explicó al canal estatal que el factor tiempo es determinante en la lucha contra esta enfermedad. Al no recibir atención oportuna debido a los cierres de rutas, los pacientes corren el riesgo de que sus tumores desarrollen resistencia a la quimioterapia o, en el peor de los casos, que la enfermedad entre en etapa de metástasis.
El dirigente precisó que la quimioterapia es el tratamiento central y que su eficacia depende de un seguimiento minucioso por parte de los profesionales oncológicos, el cual se ha visto interrumpido fragmentariamente.
La situación es especialmente crítica para quienes requieren radioterapia, ya que en Bolivia solo existen centros de medicina nuclear con estas unidades en La Paz, El Alto y Santa Cruz. Muchos pacientes de otras regiones no pueden trasladarse a estas ciudades para cumplir sus ciclos de tratamiento.
“Tenemos muchos pacientes que están retrasando sus radioterapias y son personas que van a volver a los oncológicos, en muchos casos, directamente a fallecer”, lamentó el representante.
La crisis también alcanzó a las farmacias de las ciudades capitales, que ya presentan desabastecimiento de medicamentos especializados. Zeballos calificó como una “intransigencia” sin precedentes el hecho de que no se permite el paso de ambulancias ni de pacientes que buscan llegar a los centros de salud desde las provincias, donde las postas médicas no cuentan con la medicación necesaria.
Esta falta de acceso afecta principalmente a las mujeres, quienes representan entre el 70% y 80% de los aproximadamente 18,000 diagnósticos anuales de cáncer en el país.
Desde la Confederación se lanzó un pedido a los sectores movilizados para que respetaran el derecho a la vida consagrada en la Constitución. Zeballos subrayó que la mayoría de los enfermos no pueden acceder a tratamientos privados y dependen exclusivamente del sistema público para tener una “segunda oportunidad”. «Bloquear una carretera es fácil, pero bloquear el dolor de un paciente con cáncer es imposible. Por favor, respeta a ese padre, a esa madre, a ese niño que tienen derecho a vivir», concluyó.
Correo del Sur
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