La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una declaración de su relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, afirmó que los «límites» que el gobierno transitorio de Bolivia pretende imponer a medios locales deben proteger «de manera amplia» la vigencia de la libertad de expresión.
El alto funcionario respondió así a una advertencia de la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, a la Radio Kawsachum Coca (RKC), propiedad de los sindicatos cocaleros afines al expresidente Evo Morales y que emite desde la región central del Chapare, de que «la libertad de expresión tiene límites», según una publicación de la agencia AFP.
Tras conocerse el expresidente Evo Morales tendrá un discurso este próximo 22 de enero en el estadio Pedro Bidegain de Buenos Aires, lo mismo será transmitido en vivo por la emisora Kawsachun Coca, Lizárraga manifestó en conferencia de prensa: «Hemos permitido que esa radio siga funcionamiento, eso es parte de la libertad de expresión, no hemos apagado esas voces sediciosas que siguen llamando a la confrontación, eso es libertad de expresión, pero también la libertad de expresión tiene sus límites «.
Sobre estas declaraciones, organismos de periodistas se pronunciaron exigiendo el respeto a la libertad de expresión.
FEDERACIÓN La Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba (FSTPC), anunció que defenderá la libertad de expresión “porque es parte fundamental de la democracia”.
El secretario Ejecutivo de la Federación, David Ovando, respecto a las declaraciones de la Ministra de Comunicación, dijo: “Estamos recuperando la institucionalidad democrática y no podemos contradecir los principios de la libertad de expresión con advertencias a medios de comunicación”.
Agregó que “la libertad de expresión es un pilar del estado de derecho y el Gobierno debe respetar este derecho”.
Señaló que la Federación ha denunciado agresiones “cobardes de organizaciones afines al MAS y de grupos de Resistencia Cochala. Seguiremos luchando contra la intolerancia a los periodistas”.
ASOCIACIÓN La Asociación de Periodistas de Cochabamba (APC) señaló que si hubieran delitos cometidos debiera ser el Ministerio Público la instancia que tate el tema. Y si fueran delitos de imprenta, lo periodistas tienen mecanismos internos para tratarlos.
La presidente de la Asociación, Elizabeth Arrázola, dijo: “Cuando un medio de comunicación no cumple las normas del país y comete delitos como sedición y algún otro delito común, hay instancias como el Ministerio Público que está obligado a tomar nota del caso”.
“La libertad de expresión no quiere decir que podamos convocar o incitar a matar o atacar el patrimonio público o privado. Eso es un delito. Los periodistas que cometen delitos de imprenta deben ser juzgados en tribunales de imprenta o en el Tribunal Nacional de Ética porque en Bolivia rige la autoregulación cuando tienen que ver con temas de prensa. Hay que dejar que el Ministerio Público haga su trabajo y el Gobierno haga lo suyo”, añadió.
REPUDIO DEL MAS Las repercusiones dentro de las filas del Movimiento Al Socialismo (MAS) y organizaciones sociales del sector de Cochabamba, desde donde se trasmite la señal de la emisora comunitaria, no se hicieron esperar.
Dirigentes y autoridades anunciaron la defensa de este medio de comunicación, según ANF.
«Esta Ministra no tiene derecho a meterse con nuestras radios y menos hacerlo desde el Ministerio. Este domingo en nuestro ampliado del instrumento político vamos a tomar decisiones», dijo Angélica Ponce, ejecutiva de la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia.
«Lamentamos la actitud de este Gobierno que tanto pregonaba la libertad de expresión y ahora está acosando y deteniendo a la gente. está eliminando de a poco la libertad de expresión en el país «, dijo el dirigente de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de Cochabamba (Amdeco), Héctor Arce.
Opinión
Mira también
Comentarios