El Gobierno de Bolivia solicitó al relator Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Javier Palummo, una investigación forense para identificar a los responsables de los incendios forestales que arrasaron este año con más de 9,8 millones de hectáreas.
La solicitud fue hecha por el secretario General de la Vicepresidencia del Estado, Juan Carlos Alurralde, en el Diálogo Abierto sobre Prevención de Incendios Forestales realizado este lunes en la Cancillería.
“Es muy importante, aquí le digo a nuestro hermano que nos visita (Palummo), a nuestra comisión, avanzar en lo que es la investigación forense, investigación forense sobre los causantes de los incendios”, planteó Alurralde.
Definió como un el “tema clave” identificar a quiénes “son efectivamente los culpables” de los incendios forestales que afectaron” más de 9,8 millones de hectáreas, de las cuales la mayoría se concentró en los departamentos de Santa Cruz y Beni.
Se tiene que avanzar en la investigación forense, no solo con metodologías, sino también con equipamiento y capital humano necesario “para determinar a ciencia cierta quiénes han sido los culpables y establecer las sanciones correspondientes sobre esta materia”, insistió.
De acuerdo con el Representante Regional Adjunto para América del Sur, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Francisco Xavier Mena, este año se registró un récord en los incendios forestales en Bolivia.
“En el año 2024, en el año que estamos por terminar, los incendios en Bolivia alcanzaron un nuevo récord de gravedad con más de 9,8 millones de hectáreas afectadas, distribuidas entre bosques, el 61%, y pastizales, el 39%. Departamentos como Santa Cruz y Beni concentraron el 96% de los focos de calor reportados”, precisó durante su exposición en el evento.
Entre las áreas más afectadas, el Bosque Seco Chiquitano, ubicado en Santa Cruz, sufrió una pérdida significativa, acumulando el 61% de la superficie quemada.
Las comunidades indígenas, principalmente los chiquitanos y los ayoreos, enfrentaron desafíos extremos desde desplazamiento forzado hasta la pérdida de agua y medios de vida, indicó.
Precisamente la visita de la Relatoría tiene el objetivo de evaluar los impactos de los incendios forestales en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) de las comunidades locales, los pueblos indígenas y otras personas directamente afectadas, así como en la biodiversidad y los ecosistemas.
Además, se analizará la posibilidad de formular recomendaciones destinadas a fortalecer las políticas de prevención y respuesta ante este tipo de tragedias ambientales en el contexto de la crisis climática.
Al destacar la apertura del Gobierno boliviano a la visita de la Relatoría, Palummo informó que este martes estarán en Santa Cruz para sostener “reuniones con organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales”.
Mientras el miércoles se realizará un recorrido en las zonas afectadas por los incendios, en San Ignacio, y encuentros con “líderes y lideresas de comunidades, pueblos indígenas, comunidades locales y personas afectadas de poblaciones aledañas a las zonas en las cuales han ocurrido estos incendios”.
Al lamentar la magnitud del impacto de los incendios, Alurralde resaltó la necesidad de cambiar el “modelo de explotación irracional” por un paradigma que “reconozca que el bienestar humano depende del bienestar de nuestra Madre Tierra”, como lo conciben los pueblos indígenas.
“La Madre Tierra, nuestra Pachamama, no es un recurso, no es un objeto, es un ser vivo que nos alimenta y cobija. Al dañarla, nos dañamos nosotros mismos y cuidarla no es una opción, es un deber, debemos priorizar las políticas que reduzcan la deforestación y adopten prácticas agropecuarias sostenibles y regenerativas”, sostuvo.
Luego de resaltar las políticas que impulsó el Gobierno para proteger los bosques con la elaboración de normas, como la Ley por los Bosques y otros sistemas de vida, la Ley de Prevención y Control de la Deforestación, entre otros, demandó a la comunidad internacional responder a estos esfuerzos que también lo hacen las comunidades indígenas.
“Hemos actuado para obtener financiamiento climático, es una deuda que el mundo tiene con quienes cuidan la tierra. Las comunidades indígenas, campesinas y originarios no solo sufren los impactos del cambio climático, sino son quienes protegen nuestros bosques. Es urgente canalizar recursos hacia ellos, no como limosna, sino como una deuda, como justicia”, señaló.
Al final de su visita, la Relatoría emitirá un informe con conclusiones y recomendaciones para el Estado boliviano.
ABI
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