Página Siete Digital / La Paz
Organizaciones de la prensa en Santa Cruz se pronunciaron ayer para rechazar el intento de amedrentamiento en cinco casos de agresiones a periodistas en la región y por no responder ni dar explicaciones a la denuncia presentada por el periodista Guider Arancibia.
La Asociación de Periodistas de Santa Cruz, la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz, el Colegio de Profesionales en Comunicación de Santa Cruz y la Asociación de Periodistas Independientes, con el apoyo de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) emitieron el comunicado de manera conjunta.
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El primer caso es el de la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Susana Rivero contra el periodista Humberto Vacaflor, a quien amenazó con iniciar un proceso penal por la publicación de una columna en la cual la legisladora es aludida por su presunta participación en un negociado soyero y de aceite. La nota se basa en datos de un artículo de opinión de la periodista Amalia Pando.
«Rechazamos esta actitud intimidatoria por ignorar la Ley de Imprenta, que en su artículo 28 señala que aquellos funcionarios públicos que se consideren atacados por la prensa deben recurrir a un Tribunal de Imprenta o a un Jurado de Imprenta y no ante la justicia ordinaria, situación que es refrendada por la Constitución Política del Estado», se lee en el pronunciamiento.
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Respecto al segundo hecho, las organizaciones condenan la decisión del juez de Potosí, Rubén Alavia Arteaga, de iniciar un juicio al periodista Douglas Romay Lanza, presidente de la Asociación de Periodistas de Potosí. En este caso, un juez dispuso la apertura de un juicio por la vía ordinaria por supuestos delitos de injuria y calumnia.
A estos casos se suma la agresión recibida por el periodista y director de Radio FM Bolivia, Galo Hubner Mamani, que fue atacado mientras realizaba su cobertura de prensa en días pasados por los afiliados a la Confederación Nacional de Productores de Coca y venta al detalle, afines al Movimiento Al Socialismo.
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De igual manera, en mayo, «el periodista Guider Arancibia Guillén, también fue objeto de la acción intimidatoria del ministro de Gobierno, Carlos Romero, cuando de manera airada le reclamó por la cobertura del caso Montenegro – Medina, que ha destapado la escandalosa infiltración de los tentáculos del narcotráfico en las filas superiores de la policía nacional», dice más adelante el comunicado.
«Pese a los reiterados reclamos de nuestras organizaciones nacionales y departamentales, observamos con profunda preocupación que continúan sucediendo hechos intimidatorios contra los trabajadores de la prensa en una actitud hostil al trabajo periodístico, la libertad de trabajo y el ejercicio libre de la profesión. Es ese marco es que manifestamos nuestro público rechazo a cualquier acto que atente contra la libertad de expresión, libertad de prensa, el derecho a la libertad de trabajo y el derecho a la información», cita más adelante.
Página Siete
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